La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado reveló que a 1,7 billones de pesos asciende la demanda que instauró Colombia en respuesta de la que instauró Gas Natural Fenosa, por los perjuicios ocasionados a Colombia por la mala gestión de Electricaribe.
Para Camilo Gómez Alzate, director de la NADJE, el mal servicio de Electricaribe golpeó tanto a la industria como al desarrollo de la Región Caribe y, como consecuencia se produjo una menor productividad y un menor pago de impuestos.
Gómez Alzate destacó ante los medios que el país tuvo que “canalizar un monto considerable de recursos a Electricaribe durante la intervención para asegurar la prestación del servicio de energía eléctrica en la regional”, y que “la Nación es dueña del 6,56 de la acciones de Electricaribe, que pierde el valor en la medida que la empresa se desvaloriza”.
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