El gobierno nacional presentó a las comisiones plenarias económicas conjuntas, un proyecto de presupuesto nacional, para el 2022, aforado en 305,4 billones de pesos que pasará a plenarias.
La iniciativa modificó la ley de garantías para permitir, según el gobierno, la recuperación del golpe económico dado por la pandemia de covid-19 en las regiones, y permitirá el traslado de los cotizantes de los fondos privados de pensiones a Colpensiones, entre otros aspectos.
La iniciativa contempla $32,8 billones para inversiones, uno de los presupuestos más altos de los últimos años.
Como era de esperarse, la discusión comenzó con una avalancha de impedimentos de los senadores y representantes a la Cámara.
La representante Katherine Miranda propuso eliminar la modificación a la ley de garantías, pero finalmente pasó la modificación a esta ley y un artículo que permite el traslado de cotizantes para pensión de los fondos privados a Colpensiones, iniciativa que tendrá un impacto fiscal de $3,8 billones en las cuentas nacionales y espera impactar a unas 19.000 personas.
Este Presupuesto es consistente con la reducción gradual del déficit fiscal y con las metas de recaudo adicional de ingresos contempladas en la reciente reforma tributaria, dice el informe de la ponencia. La cantidad propuesta representa un incremento de 5,3 % respecto al monto correspondiente aprobado para la actual vigencia.
El proyecto de presupuesto de inversión para el próximo año será superior a los $62,2 billones, de los cuales $52,3 billones se financiarán con recursos de la Nación y $9,9 billones con recursos de los establecimientos públicos nacionales.
Según lo contemplado en el proyecto aprobado en las comisiones económicas del Congreso, cerca de $32,8 billones van al gasto social para educación, salud, inclusión social, trabajo y vivienda.
Otros sectores tendrían las siguientes asignaciones: Minas $1,01 billones adicionales, de esta cifra $779.000 millones se destinarán a los subsidios de energía y gas para beneficiar a usuarios de menores ingresos de estratos 1,2, y 3, así como beneficios para las familias residentes en las zonas de difícil gestión en el país. Para el sector de Trabajo se reducen los beneficios en $1,5 billones por las menores transferencias programadas para financiar el pago de pensiones del Régimen de Prima Media (Colpensiones).
Del pago a la deuda se reducen $5,2 billones que irían a atender las demandas de los diferentes sectores, especialmente a la inversión pública.
Para los gastos de funcionamiento, estos pasan de $203,7 billones en 2021 a $210,1 billones en 2022, mientras que la inversión pública pasa de $58,6 billones en 2021 a $62,2 billones en 2022.
Acerca del polémico artículo que modifica la ley de garantías, el texto reza que “…a partir de la publicación de la presente ley, suspéndase el inciso primero del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 y, en consecuencia, las entidades del orden nacional y las entidades territoriales podrán celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos”. Vale la pena aclarar que esta no es iniciativa del Gobierno, sino de origen parlamentario, dijo uno de los ponentes del proyecto.
Sin embargo, la ley de garantías es una ley estatutaria y podría ser inconstitucional que las comisiones económicas la modifiquen.
Varios congresistas aseguraron que este Presupuesto busca desfinanciar la paz. Al respecto, el senador Gustavo Bolívar declaró que “…cuando se firmó el Acuerdo se acordó que más o menos la implementación tendría un costo de $126,5 billones, de esos, a través del presupuesto tendríamos que entregarle $46 billones (…) En 2017 se destinaron del Presupuesto Nacional $6,7 billones para la paz; en 2018, $5,33 billones. Entra el Gobierno de Duque y ese presupuesto baja a $3,1 billones, la mitad de lo que se había entregado en 2017. Para 2020, se destinan $1,31 billones para la paz; para 2021 ni siquiera un billón, $970.000 millones. Y para el año 2022, hay $780.000 millones”.
Las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso aprobaron en primer debate el Presupuesto General de la Nación más alto en toda la historia, con una cifra récord en materia de inversión pública: $68 billones. Estoy seguro de que el #PGN2022 responde a las necesidades de la gente pic.twitter.com/ztomP692Dh
— Jose Manuel Restrepo (@jrestrp) September 22, 2021
Mini reforma pensional
El Presupuesto para 2022 contiene una mini reforma pensional al permitir el traslado de cotizantes entre sistemas. Durante la vigencia 2022 se va a permitir el traslado de afiliados del Régimen de Ahorro Individual (RAI) al Régimen de Prima Media (RPM), siempre que sean hombres mayores de 52 y mujeres que superen los 47 años cuando hayan cotizado como mínimo 750 semanas al Régimen de Prima Media (Colpensiones).
Inicialmente, el Ministerio de Hacienda había asegurado que el costo del proyecto de ley que permitiría el cambio exprés de régimen pensional era de unos $35 billones. Esta propuesta buscaba autorizar el traslado exprés de cualquier persona con un mínimo de 750 semanas cotizadas.
Por otra parte, el artículo consensuado entre el Gobierno y la comisión de ponentes sólo se permite el traslado a las personas que hayan cotizado 750 semanas, pero en el régimen de prima media. Esta propuesta no tiene un impacto fiscal tan significativo y resuelve la preocupación de muchos colombianos que cotizaron más de 750 semanas en el régimen público y que desean regresar a Colpensiones.
“La inclusión de este artículo en la elaboración de la ponencia tiene un costo fiscal de $3,8 billones para el Gobierno nacional”, dijo el viceministro técnico de Hacienda, Jesús Bejarano.
La propuesta incluida en el presupuesto establece que las prestaciones que se deriven de los riesgos de invalidez y muerte deberán ser reconocidas y pagadas por la entidad administradora ante la cual se hayan realizado efectivamente las cotizaciones a la fecha de ocurrencia de la muerte o estructuración de la invalidez.
Así mismo, el traslado de los recursos y de la información que corresponda deberá realizarse en los términos y condiciones que para el efecto establezca el Gobierno nacional.
Edición: Gustavo Enrique Bossio Jiménez
Foto: datospensionales.com