En la tarde de ayer se confirmó la detención de los congresistas Iván Name y Andrés Calle, por su presunta participación en actividades corruptivas al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia.
Estas medidas se tomaron luego de que las investigaciones de la Fiscalía arrojaran que el expresidente del Senado y miembro de la Alianza Verde fuera señalado de haber recibido $ 3000 millones en efectivo provenientes del contrato de adquisición de carrotanques, supuestamente como contraprestación por apoyar la agenda legislativa del Gobierno.
Por su parte, Calle, representante del Partido Liberal, es acusado de haber recibido una suma cercana a los $ 1000 millones por los mismos motivos dentro de la entidad.
En este sentido, ambos funcionarios enfrentan cargos por cohecho impropio, peculado por apropiación en favor de terceros y financiación ilegal de campañas políticas.
Cabe resaltar que, en el día de ayer, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia levantó la sesión que se desarrolló durante más de cuatro horas sin adoptar una decisión definitiva sobre si se impondría una medida de aseguramiento contra los congresistas.
La decisión sobre si los expresidentes del Congreso serán encarcelados, a medida que avance su proceso judicial, no fue tomada en la sesión de este martes. Sin embargo, se espera que en los próximos días se llegue a una conclusión teniendo en cuenta los argumentos de la defensa y el material probatorio del ente acusador.
Es importante mencionar que la defensa de Calle, quien está al mando del abogado Billie Torres, solicitó que no se le imponga medida de aseguramiento a su cliente. Alegando que el congresista se entregó de manera voluntaria, lo cual aporta a la no interferencia en el proceso y la seguridad de que este no intentará fugarse mientras las audiencias se llevan a cabo.
Asimismo, Torres cuestionó la solidez de los testimonios que vinculan a Calle con el escándalo y afirmó que otros vinculados, como el contratista Eduardo López Rosero y el presunto financiador Pedro Acosta, negaron un posible nexo con el congresista o tener conocimiento sobre actividades irregulares relacionadas con este.
Por otra parte, esta investigación formal en contra de Name y Calle fue abierta desde noviembre de 2024, posterior a los análisis realizados a los testimonios recopilados por la Fiscalía y las pruebas reunidas durante las diligencias de las instituciones judiciales.
Desde su perspectiva, la sala concluyó que existen los méritos suficientes para avanzar con la indagación por estas presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos y por el uso de recursos públicos en campañas políticas regionales.
Redacción: judiciales
