El revuelo generado luego de las declaraciones del presidente Gustavo Petro a causa de las capturas de 17 personas, entre estas, funcionarios públicos, por el robo y venta ilegal de tierras en el municipio de Soledad, la ciudad de Barranquilla y Cereté, sigue develando información fundamental en el avance de estos procesos.
En la mañana de ayer, el teniente coronel Jorge Mora, jefe del grupo anticorrupción de la Policía Nacional, detalló en una rueda de prensa realizada en las instalaciones de la Policía Metropolitana de Barranquilla que estos procedimientos se llevaron a cabo en el marco de la operación GAIA, gracias a una serie de investigaciones que permitieron identificar el ‘modus operandi’ de los señalados para hurtar tierras, desviar recursos y estafar a cerca de 1.800 familias atlanticenses.
Inicialmente, las fases adelantadas de estas indagaciones arrojaron que cerca de 277.000 metros cuadrados de predios fueron adquiridos de manera fraudulenta, mismos que posteriormente fueron parcelados y vendidos a familias, generando un desfalco de aproximadamente $22 mil millones.
Estos espacios, según las autoridades, estaban destinados para la construcción de megacolegios, centros de desarrollo infantil y parques, por lo que su ocupación representaba un uso ilegal.
En este sentido, en la madrugada de hoy, desde el Juzgado Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Barranquilla, se legalizó la captura de 16 de los implicados en estos delitos.
Una de las órdenes fue decretada ilegítima debido a un error en la captura, pues se aseguró que esta no era legible; por tanto, el inspector de la policía Marlon Mora Montesino no pudo ser legalizado.
Sin embargo, para Juan Manuel Ucrós, exregistrador de Instrumentos Públicos de Soledad; Andrés Díazgranados, jurídico de la Alcaldía de Soledad; José Luis Pacheco Teherán, abogado calificador de la Oficina de Instrumentos Públicos de Soledad, Iván Páez, registrador de Soledad; y David De Castro, exregistrador de Soledad, Neissy Cantillo Del Toro, exinspectora de Policía de Soledad; Ismael Cárcamo, agente corruptor; Inés Sala, con ese mismo oficio; José Márquez, abogado; Francisco Mejía, notario de Santo Tomás; Luis Martínez, tramitador; Rafael Bossio, abogado; Alex Ahumada, abogado; Wilmar Machuca, supuesto poseedor irregular, José Peñaloza, supuesto poseedor irregular; y Roque José Lugo, presunto testigo falso se determinó total legalidad en sus procesos.
Según lo expuesto en medio de las audiencias, los acusados habrían omitido sus funciones en materia de verificación de documentos con el objetivo de aseverar si estos cumplían con la legitimidad necesaria para inscribirse en el registro.
A su vez, los inspectores de policía emitían amparos a favor de los usurpadores o agentes corruptores solicitantes de querellas policivas con el fin de apropiarse irregularmente de los terrenos.
Por otra parte, el ente acusador también precisó que a los capturados se les judicializa por los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento privado, invasión de tierra o edificaciones, estafa, falsedad material en documento público, prevaricato por acción, fraude procesal, prevaricato por omisión, uso de documento falso, urbanización ilegal, falso testimonio, asociación para la comisión de un delito contra la administración pública, cohecho, entre otros.
Así pues, las audiencias de formulación e imputación de cargos proseguirán en horas de la tarde de este miércoles, mientras que la segunda fase de las investigaciones se seguirá adelantando a la espera de información sobre las presuntas organizaciones criminales implicadas en este círculo corruptivo en el que también, presuntamente, se presentaron homicidios en contra de los propietarios que se negaron a entregar sus predios.
Redacción: judiciales
