La canciller y vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez en nombre del gobierno nacional, pidió la extensión por un año de la Misión de Verificación del Consejo de Seguridad de la ONU que vence el próximo 31 de octubre.
Ante el Consejo, la funcionaria expuso varios de los puntos en los que ha trabajado el gobierno del presidente Duque para lograr la implementación del acuerdo de paz, uno de ellos es la puesta en marcha de la legislación para la creación de curules en el Congreso que permitirán la participación de las víctimas en el debate democrático.
De todos modos, la funcionaria pidió “En nombre del presidente Iván Duque (la) solicitud de extender el mandato por un año adicional a partir del próximo 31 de octubre, y agradezco al Reino Unido por ayudar a este trámite”, sostuvo la vicepresidenta.
Acerca de las críticas de que el gobierno Duque no ha hecho bien la tarea de implementación, lo que ha generado nuevas olas de violencia en el país, especialmente en las zonas priorizadas para la implementación del acuerdo, la canciller señaló que desde que se firmó la paz con las Farc, se conocía de la existencia de muchos otros grupos armados que seguían delinquiendo alimentados por el narcotráfico.
“La implementación del acuerdo de paz no era suficiente para alcanzar esa paz estable y duradera. Se equivocan quienes desvían la atención de los verdaderos causantes de esas violencias tratando de atribuirlas a un supuesto incumplimiento de nuestro gobierno”, detalló Ramírez.
El jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, mostró su preocupación ante el Consejo de Seguridad, exponiendo que “A día de hoy, 296 hombres y mujeres que dejaron las armas de buena fe han perdido la vida, en su mayoría por acciones de actores armados ilegales y organizaciones criminales. Las comunidades afectadas por el conflicto, los excombatientes y los líderes sociales siguen soportando el peso de las acciones de los actores armados ilegales que se aprovechan de la escasa presencia del Estado, la pobreza y las economías ilícitas”, sostuvo Massieu.
“El gobierno y las entidades del Estado deben hacer un mejor uso de los mecanismos creados por el Acuerdo –incluyendo la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad– para diseñar medidas efectivas para frenar la violencia. El avance de la Unidad Nacional de Protección en la aprobación de cientos de solicitudes de protección pendientes de los excombatientes es claramente un hecho positivo. Ahora es crucial la rápida provisión de las medidas de seguridad aprobadas”, acotó Massieu.
Edición: Gustavo Enrique Bossio
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