La Cancillería de Colombia solicitó formalmente a las embajadas de Rusia y Ucrania suspender de inmediato la contratación de ciudadanos colombianos para prestar servicios militares en el exterior. Asimismo, demandó facilitar el retorno seguro de quienes ya se encuentran vinculados a las fuerzas armadas de ambos países. Esta petición forma parte de las acciones diplomáticas, consulares y preventivas que adelanta el Gobierno nacional ante la creciente preocupación por el involucramiento de connacionales en conflictos armados internacionales.
De acuerdo con las cifras entregadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, a septiembre de 2026 se han registrado 863 solicitudes de asistencia consular de colombianos en Ucrania y otras 890 en Rusia, la mayoría relacionadas con denuncias por desinformación sobre las condiciones del frente, salarios retenidos, desapariciones o la imposibilidad de rescindir sus contratos. El Gobierno reiteró de manera categórica que no respalda ni autoriza la participación de sus ciudadanos en confrontaciones extranjeras, haciendo un llamado urgente a evaluar los mortales riesgos antes de aceptar ofertas para prestar servicios de seguridad o combate en el exterior.
Paralelamente, la Cancillería y la Fiscalía General de la Nación abrieron investigaciones sobre redes trasnacionales y empresas privadas de seguridad que ofrecen falsas ofertas laborales. Estas organizaciones reclutan a exmilitares y civiles mediante promesas engañosas de salarios que superan los 3.000 dólares mensuales en labores de “custodia e infraestructura”, cuando en realidad son desplegados en primera línea de combate sin el equipo ni el entrenamiento idóneo.
La problemática ha escalado a nivel legislativo, impulsando en el Congreso colombiano un proyecto de ley para ratificar el Convenio Internacional de las Naciones Unidas contra el Reclutamiento, la Utilización, el Financiamiento y el Entrenamiento de Mercenarios. Con esta medida se busca tipificar formalmente estas prácticas en el Código Penal colombiano, endurecer las penas contra los reclutadores en territorio nacional y coordinar operativos de inteligencia con agencias internacionales para desmantelar las redes de trata que lucran con la experiencia militar de los colombianos.