El Juzgado Octavo del Circuito Especializado de Bogotá dio su aval al preacuerdo al que llegaron la Fiscalía General de la Nación y el patrullero de la Policía Juan Camilo Lloreda, involucrado en el homicidio de Javier Ordóñez, ocurrido el 9 de septiembre de 2020 en el CAI del barrio Villaluz de Bogotá.
En el preacuerdo, la Fiscalía pidió una pena de 20 años de prisión y el Juez señaló que “el despacho verificó que las garantías y derechos de procesados de las víctimas fueron respetadas, así como la libertad y el consentimiento informado del procesado al momento de aceptar. Por todas estas razones, no hay reparos al preacuerdo formulado”.
Por su parte, Juan Carlos Oliveros, fiscal del caso informó que dicho preacuerdo solo se consiguió sólo con Lloreda y no con el otro uniformado, Harby Damián Rodríguez, quien también fue procesado por golpear a Ordóñez hasta matarlo cuando estaba indefenso y bajo descargas de arma taser.
Debido a eso ambos agentes fueron acusados por los delitos de homicidio y tortura agravados, pero Lloreda, aunque inicialmente, no aceptó los cargos, luego negoció con la Fiscalía para conseguir una rebaja.
“El patrullero Juan Camilo Lloreda ha celebrado el presente preacuerdo que consiste en aceptar, consiente, libre y voluntariamente la responsabilidad penal por los delitos que se le imputó de homicidio agravado y tortura agravada en condición de coautor. Ese reconocimiento de responsabilidad del procesado se hace a cambio de que la Fiscalía (…) con miras a disminuir la sanción penal y, solo para esos efectos, elimine el agravante de homicidio que se le imputó”, agregó el fiscal.
En resumen, Lloreda pagará, además de los 20 años de presidio, una multa de 1.500 salarios mínimos legales vigentes, deberá colaborar con la justicia para esclarecer lo sucedido y pedirá perdón a la familia de Javier Ordóñez como acto de reparación.
Vadith Gómez, abogado de la familia de Ordóñez, declaró que el preacuerdo se logró con aceptación de la familia.
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