El colectivo de abogados denominado José Alvear Restrepo, informó a través de un comunicado que el Estado colombiano ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el homicidio de seis jóvenes en los departamentos de Arauca, Santander y Casanare, bajo la modalidad de falsos positivos. Según el fallo de la Corte, la condena al Estado es por violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal.
Las víctimas fueron: Wilfredo Quiñones Bárcenas, José Gregorio Romero Reyes, Albeiro Ramírez Jorge, Gustavo Giraldo Villamizar Durán, Elio Gelves Carrillo y Carlos Arturo Uva Velandia.
Aunque los casos fueron llegando uno a uno a la CIDH, los procesos se acumularon permitiendo que se estudiara en conjunto las ejecuciones extrajudiciales que se produjeron entre 1992 y 1997.
“Si bien la Corte ha conocido otros casos de ejecuciones extrajudiciales en Colombia, es el primer fallo de un tribunal internacional en que se reconoce un patrón de comisión de falsos positivos”, se lee en el comunicado del colectivo José Alvear Restrepo, que adelantó el proceso ante la CIDH.
En el fallo, de 84 páginas, la CIDH halló “violaciones a las garantías y a la protección judicial por actuaciones contrarias a las garantías al juez natural, al plazo razonable y a la debida diligencia, causadas principalmente por las falencias y obstáculos de las investigaciones en el marco de la jurisdicción penal militar”.
“Al convalidar las versiones oficiales, al no realizar investigaciones exhaustivas de los crímenes y al denegar a los familiares de las víctimas el acceso a los procedimientos, la Jurisdicción Penal Militar no solo encubrió esos crímenes, sino que alentó la persistencia de la práctica de las ejecuciones extrajudiciales de civiles”, indica el fallo.
Por este hecho, el Estado también fue condenado por las violaciones a la honra y dignidad de los familiares de los jóvenes asesinados, ya que desde que se perpetraron los crímenes, han mantenido una lucha en diferentes instancias para que se castiguen a los responsables y se revele la verdad de este episodio.
En la parte resolutiva de la condena, el Estado tendrá que realizar un acto público de perdón en el que reconozca su responsabilidad en estos hechos.
“Este fallo constituye un precedente muy importante en las investigaciones que se adelantan sobre casos de ejecuciones extrajudiciales bajo la modalidad de falsos positivos en la misma CIDH, en la justicia ordinaria, en la Justicia Especial para la Paz -JEP y en la Corte Penal Internacional -CPI, donde las víctimas aún esperan que haya verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición”, concluye el comunicado de Colectivo José Alvear Restrepo.
Editado de elpais.com.co
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