La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, ACOPI, como vocera de los intereses de las MiPymes colombianas, segmento que conforma el 96% del tejido empresarial, aporta el 40% al PIB y genera el 80% del empleo en Colombia, se permite entregar algunas observaciones y cifras que demuestran el impacto negativo el proyecto de ley 002 de 2018.
En primer lugar, queremos señalar que las empresas en Colombia se enfrentan a un elevado costo país que le resta competitividad y si bien es cierto en el último informe del ranking de Competitividad publicado por el Centro Mundial de Competitividad, Colombia ha sido el único país latinoamericano que mostró un progreso considerable, al subir de la posición 58 a la 52, solo superamos países de la región como; Argentina, Brasil, Perú y Venezuela.
Entre los indicadores que sirvieron de fundamento para subir en el ranking se encuentran: evasión fiscal, transparencia del gobierno, estabilidad del tipo de cambio, adaptabilidad del gobierno a las condiciones económicas, y legislación contra el desempleo. Es decir, hubo una mejoría de la situación macroeconómica, aumento de las inversiones y buenas decisiones en lo que a regulación se refiere.
Podemos observar que uno de estos indicadores hace relación a la legislación contra el desempleo. Como gremio consideramos que la aprobación de esta prima impactaría la generación de empleo y la formalización de este, afectándose en gran medida las decisiones adoptadas para reducir la tasa de desempleo la cual se ha incrementado en el último año y se ubica en 10,3%. Además, este tipo de políticas se concentran en empresas formales que no evaden sus obligaciones, solo un 2,3% lo hacen, frente al resto de empresas y contribuyentes, cuyo costo representa alrededor de 40 billones anual.
Impacto de los Costos No Salariales en las MiPymes
ACOPI realizó el estudio de costos no salariales Pos Ley 1607 de 2012; este analizó la estructura de los costos no salariales que enfrentan los empresarios en Colombia después de la reforma tributaria realizada en 2012. El estudio arrojó como resultado que las MiPymes incurren en mayores sobrecostos respecto a las grandes empresas, debido a los cambios regulatorios que les generan gastos adicionales.
En relación con el impacto que genera la prima de servicios estipulada por el proyecto de ley 1607/12 dentro de la estructura de costos, tenemos que esta representa una carga no salarial del 8.8% -9.3% para los trabajadores que devenguen entre 1 SML y 2 SML. Dicha carga desciende hacia niveles del 8.3% para los trabajadores que devenguen más de 2 SML (quienes no reciben auxilio de transporte).
Efectos de la Aprobación de la Prima a la Canasta Familiar.
Consideramos que la aprobación de esta prima desestimularía la contratación formal porque produciría un incremento sobre el salario mínimo de 4,16% y elevaría los costos no salariales relacionados con la prima que en la actualidad pesan entre 8.8% – 9.3% a 9.68%, impactando los dos grandes desafíos que enfrenta el mercado laboral colombiano: lograr la reducción de la tasa de desempleo estructural, mejorar la calidad del trabajo para alcanzar mayores niveles de formalización, y el recaudo fiscal.
El establecer una nueva obligación laboral como es la prima a la canasta familiar estaría afectando las medidas para reducir el desempleo que, como lo indicamos en líneas anteriores, se ubica en 10.3%, teniendo en cuenta que los resultados de nuestro estudio señalan que el incremento de los costos salariales en 1% generan un aumento en la tasa de desempleo del 0.1%, este resultado ratifica lo que se ha venido sugiriendo acerca del efecto negativo de los sobrecostos no salariales sobre la generación de empleo.
De manera similar, los costos no salariales tienen un impacto negativo sobre la formalidad, un incremento del 1% en dichas cargas disminuye la relación Cotizantes Activos PILA/PEA en un -0.4%, produciendo un incremento de la informalidad.
Los elevados niveles de informalidad laboral en Colombia son atribuibles a dos factores principalmente: 1) un alto nivel de Salario Mínimo Legal (SML), relativo a patrones internacionales y con alta incidencia en la estructura salarial; y 2) elevados niveles de costos no salariales que obstaculizan el proceso de formalización, por lo cual con la adopción de la prima a la canasta familiar termina afectado uno de los indicadores que permitieron el ascenso del país en el ranking de competitividad.
Al compararnos con los países de la Alianza del Pacifico, Colombia después de Perú, resulta ser el país con los costos no salariales más elevados para el caso de 1 SML, superando ampliamente los registros de Chile (12%) y México (28%).
El Proyecto de Ley frente a la igualdad de Oportunidades.
La prima a la canasta familiar nace como una iniciativa que pretende consolidar a la clase media colombiana y de generarle más oportunidades, bajo el argumento: “la mayor proporción de ocupados en Colombia corresponde a la clase media, esto es 41,7% del total de ocupados para el 2017 y tienen una tasa de desempleo de 6.14%, sin embargo, un alto porcentaje pertenece a la clase vulnerable (35,6%) que tiene una tasa de desempleo de 9,2%2. De estos ocupados, la tasa de informalidad en la clase media consolidada es 43% mientras que en la clase emergente es 73%”.
Frente al argumento transcrito, nos permitimos señalar que el proyecto deja de lado el alto índice de informalidad que aun dentro de la población de ocupados encontramos, por lo cual esta prima no cobijará a todos los trabajadores, solo aquellos que tiene una relación contractual y que su remuneración se encuentre por encima de salario mínimo, teniendo en cuenta que el mismo proyecto señala: “En Colombia hay 22 millones de ocupados, de los cuales el 42% gana menos de un salario mínimo, cerca de 9 millones de personas, el 40% gana entre 1 y 3 salarios mínimos, lo que equivale a más de ocho millones de personas. En estos dos primeros umbrales se concentra más del 80% de los ocupados.
Vale la pena subrayar que de la población ocupada el 48% realiza sus actividades en la informalidad, por lo que la medida beneficiaría a los trabajadores dependientes. Por otra parte, según el reporte de informalidad para el trimestre julio a septiembre de 2018 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el 46.8% de la población es informal”. (subrayado fuera de texto).
Por lo cual consideramos que la aprobación de la prima canasta familiar haría aun mayor la brecha de inequidad entre trabajadores formales y de aquellos que se encuentran en la informalidad, puesto que la medida solo cobijaría a 8.635.136 trabajadores que devengan entre 1 y 3 salarios, excluyendo aquellos que ganan menos de un 1 SMLV de acuerdo al cuadro tomado del texto del proyecto de ley.
Por lo que finalmente no estaría impactando a la totalidad de los trabajadores colombianos y no se cumpliría el objetivo de consolidar a la clase media y generar mayores oportunidades.
Efecto inflacionario.
Teniendo en cuenta que la adopción de la prima a la canasta familiar generaría un incremento de los costos laborales para las empresas, estas como medida para contrarrestar los mismos, los trasladarán a los consumidores de bienes y servicios produciendo un efecto inflacionario por incremento del costo de vida de la población, generando presión sobre la oferta de productos en el mercado afectando la capacidad de compra sobre todo en las poblaciones de menores ingresos, entre más altos sean los costos salariales mayor será la inflación.
Por las consideraciones antes expuestas, solicitamos se revisen detenidamente los efectos que la aprobación del proyecto generaría en el sector empresarial teniendo en cuenta que con la adopción de regulaciones como la que analizamos crea una inestabilidad en las empresas cuando se asignan nuevas obligaciones legales que representan costos que afectan la competitividad de estas, y más gravoso aun considerando que el año pasado decidimos como sector productivo acordar un aumento del salario mínimo del 6% para evitar que este proyecto fuera necesario.
Cordialmente,
ROSMERY QUINTERO CASTRO
Presidente Nacional de ACOPI