En fallo de segunda instancia se confirmó por parte de la Procuraduría Regional del Magdalena la sanción y destitución general por 10 años para los 19 concejales del municipio de Soledad.
El fallo dado en procedimiento ordinario para resolver recursos de apelación por parte de los representantes judiciales de los ediles, ratifica lo emitido por la Procuraduría Provincial de Santa Marta, el 11 de julio del presente año.
La falta para dar con esta medida tiene que ver con la investigación realizada para comprobar la falta disciplinaria cometida por los concejales de la vigencia 2016-2019, al crear un tributo por medio del Acuerdo #199 de marzo 7, como fuente de financiación del Fondo de Fomento al Desarrollo del Deporte establecido por la Leu 19 de 1991.
La responsabilidad le fue endilgada a los concejales Ruber Cartagena Llanos, Adriana Marcela Molinares Cabrera, Juan Carlos Orozco Llerena, Rodrigo Martínez Cabrera, Álvaro Enrique Martínez González, Gladys Magdalena Arraut Varelo, Astrid de los MiIagros Barraza Mora, Ricardo Arcón Herrera, Robín José Buelvas Vergara, Julio César Cabrera Rodriguez, Felix Alberto Donado Escorcia, Daniel Iván Florián Reales, Alexandra Patricia Hernández Navas, Ruby de Jesús Puente Garizabal, Jonny Eduardo Pulgar Severiche, Monte Wuiliano Valbuena Rojas, Jorge Humberto Mejía Iriarte, Enrique Horacio Del Castillo Jiménez y Robin Basilio Castro Faillace.
Dentro de la conformación de concejales que entrarán al cabildo en 2020, esta medida cobija a Astrid Barraza Mora y a Robin Basilio Castro del partido Conservador y Liberal respectivamente.
De igual manera, concluyó que estaba probado que el desbordamiento de su actuar al crear un tributo sin que la Ley lo ordenara, afectó de manera sustancial la función pública y además, se llevaron de calle principios como el de moralidad, legalidad y del respeto a las prohibiciones, de modo que a juicio de la primera instancia quedó “… demostrada objetivamente la realización de la conducta disciplinaria típica y sustancialmente ilícita endilgada y probada”.
Para la Procuraduría Provincial de Santa Marta resulta claro los miembros del Concejo de Soledad crearon un impuesto sin tener facultad legal para ello.
Por este concepto alcanzaron a recaudarse 120 millones 106 mil 940 pesos, “hecho este que defrauda la confianza que es depositada en tales servidores, cuando de ellos se espera que dirijan los destinos de la localidad atendiendo el ordenamiento jurídico”.
En consecuencia, el Ministerio Pùblico advirtió que “no fueron suficientes los argumentos invocados por los apelantes para haber desvirtuado el grado de certeza de responsabilidad de los disciplinados, como quiera que se probó su incursión en la falta gravísima establecida por el artículo 48-60 del CDU”, lo que a su juicio se impone la confirmación de la decisión objeto de primera instancia.
La decisión fue discutida y aprobada en Sesión Territorial conformada por las Procuradoras Regionales del Magdalena y La Guajira.
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