La Contraloría General de la República confirmó un fallo de responsabilidad fiscal en cuantía de $446,9 millones, contra Saulo Fabián Pérez Jiménez, Tesorero del SENA Regional Cesar durante los años 2009 – 2012, y Oswaldo De Jesús Montero Maestre, Contador de la misma entidad, por irregularidades en el pago a beneficiarios distintos a los autorizados.
Los hechos se evidenciaron en su momento en una Auditoría adelantada al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, por la Contraloría Delegada para el Sector Social de la Contraloría General de la República, a través de la que se recaudaron las pruebas que evidenciaron un detrimento patrimonial por valor de $446.9 millones por pagos a favor de terceros no autorizados.
El desvío de los recursos se presentó a través de la consignación a beneficiarios distintos a los autorizados por la administración de la Regional del SENA en el departamento del Cesar, que fueron a parar a manos de terceras personas, con lo que se configuró el detrimento patrimonial.
Los pagos se efectuaron en el período del 2009 al 2012, por el señor Saulo Fabián Pérez Jiménez, quien en ejercicio de sus funciones como Tesorero de la regional, manipuló el archivo plano donde se relacionaban todas las obligaciones o compromisos de la entidad, para que los recursos llegaran a los terceros beneficiados por él.
Los pagos desviados por el entonces Tesorero, llegaron también a sus propias cuentas, manipulando los sistemas, por lo que es clara la existencia de una conducta negligente, omisiva y contraria a derecho en el manejo de los recursos públicos.
Por otra parte, el señor Oswaldo Montero Maestre, cuando se desempeñaba como Contador Regional, fue omisivo en el cumplimiento de sus funciones, permitiendo el desfalco por parte de su Tesorero, sin adelantar las gestiones de vigilancia y seguimiento oportuno para evitar la pérdida de los recursos.
Tesorero y Contador aceptaron su responsabilidad
En su informe de auditoría, la CGR había evidenciado que la Regional Cesar del SENA, presentaba deficiencias en la elaboración de las conciliaciones bancarias, debido a que los extractos no contenían información suficiente que permitiera identificar la transacción o el beneficiario del pago, situación que dificultaba la confrontación de la información, con la contenida en los libros auxiliares de los bancos.
Como resultado de la Auditoría, se detectaron irregularidades en los pagos por consignaciones recibidas por terceros distintos a los autorizados por la administración regional.
Tanto el entonces Tesorero como el ex Contador, aceptaron a la Contraloría su participación en los hechos que ocasionaron el detrimento patrimonial.
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