La Sala Plena de la Corte Constitucional por 5 votos contra 4 le dio la razón a los excombatientes de todo el país que interpusieron 8 Acciones de Tutela separadas en las que alegaban una falta de garantías de seguridad en los territorios, entre otros incumplimientos al Acuerdo por parte del Estado.
La Corte tomó esta decisión luego de estudiar la ponencia presentada por la magistrada Cristina Pardo en agosto de 2021, en la que aclaró que existe una violación masiva del Acuerdo de Paz, que los firmantes no tienen garantías de seguridad y por ello están siendo asesinados impunemente.
Por lo anterior, el alto tribunal instó hoy el gobierno nacional que debe adoptar órdenes encaminadas a garantizar la ejecución de los programas de protección y seguridad de los excombatientes, los miembros del partido Comunes y sus familias y líderes.
La Magistrada Dristina Pardo declaró que la Corte consideró “…que, en efecto, los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la paz fueron desconocidos por la Unidad Nacional de Protección y dictó órdenes puntuales para restablecer estos derechos. La Corte Constitucional, además, considerando el alto número de firmantes del Acuerdo final de Paz que han sido víctimas de homicidio y el bajo nivel de implementación de las normas sobre garantías de seguridad para los desmovilizados, también decidió declarar el estado de cosas inconstitucional y expedir órdenes estructurales generales para el cumplimiento de lo establecido en las normas del Acuerdo en lo relativo a las garantías de seguridad”.
Específicamente, la Corte ordenó a la Unidad Nacional de Protección que dentro de los próximos cuatro meses se reevalúe el riesgo que enfrentan los firmantes del Acuerdo de Paz en proceso de reincorporación y quiénes integran el partido Comunes, así como otras personas que se encuentren en situaciones similares. La UNP deberá reevaluar los riesgos de los esquemas de protección colectiva de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación para mantenerlos o fortalecerlos.
Otra de las órdenes es que si se necesita, se deberán implementar nuevos esquemas de seguridad dentro de los próximos cuatro meses y en ese lapso se concluya la contratación y la formación de los agentes escoltas.
La Corte también ordenó a la Procuraduría a adoptar un mecanismo especial de vigilancia del cumplimiento de la sentencia, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo.
Del mismo modo, a través de una Sala Especial de Seguimiento, se deberá realizar un estudio en el que se verifique el cumplimiento de las órdenes emitidas por el alto tribunal. El Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura adoptarán las medidas administrativas y financieras necesarias para el funcionamiento de dicho seguimiento.
Pardo también comentó que la Corte ordenó “…al gobierno que se inicie los trámites para disponer de la asignación presupuestal suficiente para asegurar que las personas firmantes del acuerdo ejercen actividades de liderazgo político o social y comparecen ante el sistema integral de verdad justicia reparación y garantías de una repetición”.
La ponencia de Pardo da cuenta de las irregularidades que han enfrentado unos 13.000 excombatientes al reincorporarse a la vida civil, expone el recrudecimiento del conflicto en sus regiones, la multiplicación de amenazas y riesgos para ellos y sus familias, y los precarios avances en las garantías de seguridad, integridad personal y condiciones dignas para vivir en paz.
Para la magistrada Pardo, los crímenes que padecen las extintas Farc se convirtieron en una cotidianidad, al punto que las autoridades y entidades del Gobierno se limitan a escuetos anuncios que dan cabida a una serie de investigaciones e iniciativas que con el pasar de lo días quedan inconclusas.
Además, Pardo sostuvo que ha resultado muy desigual la respuesta al pacto de confianza que hicieron quienes dejaron las armas y el Estado que se comprometió a protegerlos.
A juicio de la magistrada, la oleada de violencia en esas zonas supone el que Gobierno de turno asuma los compromisos que se adquirieron una vez se firmó el acuerdo en Cuba.
En pocas palabras, lo que Pardo llevó ante la Sala Plena que la respaldó es que al Gobierno se le acabaron las excusas de no velar por la seguridad de los firmantes del acuerdo.
Para Pardo, el Gobierno creó una institucionalidad paralela que hizo a un lado dos entidades pactadas en el Acuerdo de Paz que habrían resultado claves para atender estas situaciones de riesgo: la Instancia de Alto Nivel y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, en donde tienen participación los firmantes del proceso. Esta circunstancia, a su juicio, generó una confusión institucional que cercenó el camino para que distintas autoridades no asumieran una responsabilidad completa en sus acciones.
Fuente: elespectador.com
Edición: Gustavo Enrique Bossio Jiménez
Foto: aa.com.tr
