El desalojo de más de 15 locales informales realizado durante la tarde y noche de este lunes por la Alcaldía de Barranquilla, con acompañamiento de la Policía Metropolitana y funcionarios de Espacio Público y Control Urbano, dejó además de los establecimientos vacíos, una disputa que ahora se traslada al escenario judicial.
Arturo Rojas, quien se presenta como uno de los poseedores del predio donde funcionaban los negocios, aseguró que varias de las personas desalojadas llevaban años desarrollando sus actividades comerciales en el sector y que la ocupación del terreno está respaldada, según su versión, por décadas de posesión.
“Nosotros llevamos aquí 40 años de posesión”, afirmó Rojas, quien cuestionó el procedimiento realizado por las autoridades y sostuvo que existe un proceso judicial relacionado con la propiedad del terreno que todavía no ha sido resuelto.
Según explicó, en años anteriores se habría constituido una escritura sobre documentos anteriores relacionados con los predios, situación que, de acuerdo con su relato, fue llevada ante la justicia. Rojas aseguró que el proceso continúa activo y que todavía no existe una decisión definitiva. “Ese proceso está activo, no ha sido fallado todavía”, manifestó.
El hombre también cuestionó que se hubiera ejecutado el desalojo mientras, según su versión, permanece abierta la controversia jurídica sobre los terrenos. Aseguró que las personas que tenían sus negocios allí conocían la situación y que nunca fueron engañadas sobre las condiciones en las que ocupaban los espacios.
Uno de los puntos que ahora genera controversia es la relación que existía entre quienes ocupaban los locales y los poseedores del predio. Rojas reconoció que las personas que desarrollaban actividades comerciales en el lugar pagaban un canon de arrendamiento, aunque aseguró que se trataba de un valor bajo y que los contratos estaban sujetos a la situación jurídica del terreno.
“Nosotros les cobrábamos un alquiler mínimo porque tenemos el derecho como poseedores”, sostuvo. Según su versión, a los comerciantes se les explicaba que los acuerdos no eran contratos fijos y que podían existir cambios dependiendo de una eventual negociación con la administración distrital.
El desalojo, sin embargo, terminó afectando directamente a los comerciantes que tenían allí sus inversiones y fuentes de ingresos. Rojas aseguró que algunos de ellos habían invertido recursos en la adecuación de sus establecimientos confiando en la situación de posesión que, según él, existía sobre el terreno.
También cuestionó la actuación de la administración distrital y afirmó que anteriormente se habían adelantado conversaciones para buscar una salida al conflicto. “Eduardo se sentó con nosotros en proceso y dijo que no los vamos a tocar hasta que no arreglemos con ustedes, y nos traicionó”, afirmó Rojas.
El procedimiento realizado por las autoridades abre ahora una nueva etapa en una disputa que, de acuerdo con la versión de los ocupantes, lleva varios años y que también tiene un componente judicial pendiente de definición. Mientras los afectados reclaman por la pérdida de los espacios donde funcionaban sus negocios, queda por establecer qué decisión tomará la justicia frente a la controversia sobre la posesión y los documentos que respaldan la titularidad del predio.
Redacción: Alejandro Sandoval
Foto: Noticias Coopercom