Un confuso y preocupante hecho de violencia se registró en la madrugada del jueves en un exclusivo sector residencial del municipio de Puerto Colombia, luego de que una mujer resultara gravemente herida por un impacto de bala en la cabeza, tras un tiroteo protagonizado por vigilantes privados de un conjunto residencial. El incidente, que ya es materia de investigación por parte de las autoridades, ha causado conmoción entre la comunidad.
Preliminarmente, los hechos se habrían desencadenado cuando el empresario de la salud y exdiputado del Atlántico, Gerardo Vecino Villarreal, indicó sentirse intimidado tras ser seguido por una camioneta Duster de color negro.
El empresario habría rebasado al vehículo en la vía y, al percatarse de que este lo seguía por aproximadamente diez minutos, decidió alertar a sus escoltas, quienes lo acompañaban en el automóvil.
Una vez que Vecino llegó a la entrada del complejo residencial, informó de la situación a los servidores de seguridad privada. Fue entonces cuando estos, presuntamente sin verificar la amenaza ni establecer contacto con los ocupantes del otro vehículo, abrieron fuego contra la camioneta, hiriendo gravemente a una mujer que iba en su interior. La víctima fue trasladada de inmediato a la Clínica Porto Azul, donde permanece en estado crítico debido al impacto de bala en la cabeza.
De acuerdo con los informes entregados por la Policía Metropolitana de Barranquilla, tras la inspección del vehículo y la identificación de sus ocupantes, se constató que no portaban armas y se encontraban en estado avanzado de embriaguez. Esta revelación ha reforzado la hipótesis de que el hecho se originó por un malentendido.
Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Edwin Urrego, en diálogo con Noticias Coopercom, indicó que la mujer herida se movilizaba en compañía de Ángel Daza, quien, según información oficial, sería hijo de un senador colombiano.
Urrego también confirmó que los escoltas responsables del tiroteo fueron dejados a disposición de la Fiscalía, donde habrían aceptado el accionar cometido con las armas de fuego, las cuales también fueron incautadas por las autoridades.
El caso ha puesto en debate entre la comunidad los escenarios sobre el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad privada, especialmente en sectores residenciales de alta vigilancia. Los residentes del conjunto y de zonas cercanas han expresado su preocupación y solicitado una revisión urgente de los protocolos de actuación de los vigilantes.
Los entes judiciales avanzan en los análisis de cámaras de seguridad del sector y las indagaciones pertinentes para determinar las responsabilidades penales del caso, esclarecer si hubo un uso legítimo o excesivo de la fuerza y definir si los hechos se trataron de un error de percepción o una conducta imprudente por parte de los escoltas.
En este sentido, las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia y al respeto por los procedimientos establecidos en situaciones de presunto riesgo, enfatizando que ningún acto de defensa justifica el uso letal de la fuerza sin una evaluación clara de la amenaza.
La comunidad de Puerto Colombia, por su parte, espera justicia y una pronta recuperación para la mujer herida, mientras los hechos continúan siendo materia de investigación judicial.
Redacción: Alejandro Sandoval
