El presidente Iván Duque se pronunció en contra del artículo 68 del controvertido proyecto de ley anticorrupción que cursa en el Congreso y que establece la suspensión o cancelación de la personería jurídica a organizaciones comunitarias cuyos representantes o miembros injurien o calumnien a funcionarios y exfuncionarios públicos; por tanto, prometió objetarla.
“Como firmante y defensor de la Declaración de Chapultepec es un deber incuestionable la defensa de la libertad de prensa. Así de claro es el artículo primero de dicho maravilloso documento. Cualquier amenaza a ese principio debe ser objetada”, publicó en su cuenta twitter el presidente acerca del polémico artículo al que gran parte del periodismo considera un ataque a la libertad de expresión en Colombia.
Al respecto, el senador Germán Varón Cotrino (Cambio Radical), el pasado 27 de octubre del presente año, ponente del artículo, mencionó que los autores fueron el senador Guillermo García Realpe (Liberal), Eduardo Pacheco (Colombia Justa Libres), Abraham Jiménez (Cambio Radical), Temístocles Ortega (Cambio Radical), Gabriel Velasco (Centro Democrático) y Ana María Castañeda (Cambio Radical).
El artículo 1 de la mencionada Declaración establece que “no hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de esta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo”.
Según la Asociación Nacional de Medios de Comunicación (Asomedios) y la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), el artículo “pone en riesgo la garantía del ejercicio de la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información de los colombianos”.
El artículo busca blindar a “funcionarios, exfuncionarios y sus familias”, eliminando cualquier beneficio penal a los delitos de injuria y calumnia, medida que en Colombia está limitada a los crímenes más graves, como los abusos sexuales y asesinatos en los que las víctimas son niños.
Además, pretendía elevar las penas por los dos delitos en el caso de que los afectados sean funcionarios o exfuncionarios públicos, al subir la condena máxima a 120 meses. De hecho, la pena mínima en esos casos ronda la máxima actual (64 a 72 meses): parte de 60 meses, lo que en la práctica llevaría a la cárcel a quienes pierdan un proceso por calumnia e injuria.
El representante a la Cámara del partido Cambio Radical, César Lorduy, ponente del proyecto de ley, afirmó que el artículo en cuestión no afectaría a los medios de comunicación, porque ellos están protegidos por una norma del Código Penal que cobija su actividad.
Hay que indicar que la plenaria decidió eliminar del texto lo relativo a penas más altas para quienes incurrieren en esta conducta.
El Representante Lorduy afirmó que no es el autor del artículo, que este fue aprobado en el Senado en octubre pasado pero que lo incluyó en la ponencia para el debate y votación en Cámara para que no hubiera necesidad de conciliar la iniciativa, sino que se aprobara lo mismo que avalaron los senadores.
Edición: Gustavo Enrique Bossio Jiménez
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