Debido al impacto que tiene en la sociedad el consumo de tabaco, la Defensoría del Pueblo exigió al Gobierno que la política en materia de control de estos productos sea tratada como un asunto de derechos humanos.
En la presentación del ‘Informe de seguimiento al cumplimiento del convenio marco de la OMS para el Control del tabaco en Colombia’, la Defensoría también estableció que a pesar de la expedición de la Ley 1335 de 2009, existen vacíos en las leyes relacionados como, por ejemplo, la falta de regulación de la cadena de mercado de los dispositivos electrónicos para el consumo de nicotina, también conocidos como ‘cigarrillos electrónicos’.
Otra advertencia presente en el documento es que no se avanza en materia de los avisos presentes en el etiquetado y empaquetado, así como en la prohibición de publicidad, promoción y patrocinio.
En primer lugar, la Defensoría pide que se aprueben las iniciativas legislativas que buscan ampliar las advertencias de salud en los empaques de productos de tabaco para que ocupen un 80% del mismo. Segundo, espera una decisión del Consejo de Estado para prohibir la exhibición de esos productos en puntos de venta.
“Y, en tercer lugar, es de gran importancia que el Estado colombiano adopte las leyes necesarias para aumentar los impuestos sobre los productos de tabaco y sus derivados. Colombia es uno de los países latinoamericanos con la tasa más baja de impuestos a estos productos, a pesar de que ha sido demostrado empíricamente que es la medida más efectiva para reducir el consumo de tabaco y mejorar sustancialmente la salud pública en las ciudades”, se indica en el informe.
Por último, la Entidad resalta la implementación normativa del Convenio Marco lograda por el Estado colombiano; pero advierte que no hay una política pública de control de tabaco eficiente y que, al contrario, “existe una sobrecarga de funciones en cabeza del Ministerio de Salud que deberían ser ejecutadas de manera articulada con otras entidades”.
Por eso, para luchar contra el contrabando debería existir una articulación entre el Ministerio de Salud; la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, y la DIAN y, en general, que se cree un sistema de información común cuando se tomen decisiones referentes al control del tabaco.