El presidente de la República, Abelardo De la Espriella, ordenó el traslado inmediato de 33 personas privadas de la libertad desde el archipiélago de San Andrés hacia centros penitenciarios de alta seguridad en Bogotá. La medida fue ejecutada mediante un despliegue operativo de alto nivel en el que participaron de forma articulada la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional, con el objetivo de desarticular posibles redes delictivas que operaban desde el interior de los reclusorios en el territorio insular.
A través de sus canales oficiales, el jefe de Estado envió un mensaje directo a las estructuras criminales y a la población carcelaria, reiterando la postura de cero tolerancia institucion de su gobierno frente a cualquier intento de desafiar el orden público. De la Espriella enfatizó que la autoridad estatal se aplicará de manera contundente y que no se permitirán coordinaciones delictivas ni alteraciones a la tranquilidad ciudadana gestadas desde los pabellones de detención.
En su pronunciamiento, el mandatario nacional recalcó que su administración no concederá beneficios ni concesiones a quienes hayan violado la ley. Subrayó que el principio rector del Ejecutivo es la prevalencia de la seguridad de la ciudadanía por encima de cualquier otra consideración, advirtiendo que las instituciones responderán con firmeza ante cualquier pretensión del crimen organizado de intimidar a la población o debilitar la presencia del Estado en las regiones.
El traslado aéreo masivo responde a una estrategia integral de reordenamiento penitenciario orientada a neutralizar los focos de extorsión y mando criminal en las cárceles de la región Caribe e insular. Las autoridades del Ministerio de Justicia y del Inpec procedieron a la recepción de los internos en la capital del país para su posterior distribución en celdas de máxima seguridad, garantizando el aislamiento de los perfiles de mayor peligrosidad.
Con este operativo, el Gobierno Nacional busca restablecer el control institucional absoluto sobre las dependencias carcelarias de San Andrés y blindar el archipiélago contra el accionar de grupos al margen de la ley. La intervención marca la pauta de las acciones de seguridad regional impulsadas por la Presidencia, reconfirmando la realización de traslados estratégicos y el despliegue de operaciones conjuntas entre las Fuerzas Militares y la Policía en todo el territorio nacional.
Foto y texto: Yuraine Rambal