Cuando se está a pocos días de saber qué operador puede precalificar para hacer una propuesta financiera en febrero de 2019, lo que se tiene es una total incertidumbre frente a la suerte que pueda correr la empresa para que se preste de manera óptima el servicio de energía en la Costa Caribe.
Por ejemplo, el senador y presidente de la Comisión V del Senado, José David Name Cardozo, dijo ninguna empresa va a asumir la tarea de manejar a Electricaribe y por lo tanto el Gobierno Nacional debe empezar a implementar el Plan B, que no es otra cosa que se asuma directamente la operación, tal como sucedió en el pasado.
“ningún operador privado va a asumir una empresa que necesita una inversión de $9 billones en diez años, que es cuando comenzaría a recibir utilidades, lo cual no es rentable para ningún operador privado y agregó que ante la disyuntiva planteada por Enel no queda otro remedio que el Gobierno le diga a los costeños qué va a pasar con Electricaribe”, afirmó. Enel es el único oferente pero señala que solo quería saber qué tenía la empresa.
Según Name Cardozo, el Gobierno actual debe garantizarle el servicio eléctrico a la Región Caribe, que representa el 30% del consumo nacional. Se estima que son cerca de unos 7 millones de usuarios. Electricaribe, empresa que se salva, pero con mucha plata.
El dirigente sostuvo que no hay ninguna voluntad política para buscarle solución a la problemática eléctrica regional, la cual calificó como una seria bomba de tiempo social para el Gobierno Nacional, pese a que es una situación heredada de la anterior administración, pero que debe resolverse en beneficio de la región, antes que sea demasiado tarde.
A su vez el presidente nacional de Sintraelecol, Pablo Santos, insiste en que el Gobierno debe adoptar el llamado Plan B y no el Plan A para el rescate de la empresa Electricaribe, debido a que la responsabilidad de los servicios públicos constitucionalmente debe estar bajo el poder del Estado, sobre todo con la situación que se presenta con la empresa de energía.
Electricaribe está intervenida hace dos años por la Superintendencia de Servicios Públicos, o sea que es el Estado que tiene su administración hasta tanto se consiga el operador privado.
Texto: Jorge Montaño Acosta
Foto: Cortesía Electricaribe