En el Congreso de la República la plenaria del Senado eliminó el artículo que pretendía reprimir la libertad de expresión.
El polémico artículo estaba incluido en la Ley Anticorrupción y en el informe de conciliación que votó esa corporación quedó excluido. Así lo manifestó el presidente del senado, Juan Diego Gómez.
“Tanto el artículo 65 como el 68 no habían tenido acuerdo en la conciliación, por lo tanto, no se incluye en el informe de conciliación ni en la ponencia, quedan excluidos esos dos artículos”, indicó Gómez.
La disposición planteaba imposición de multas o prisión para quienes hicieran denuncias de corrupción contra funcionarios o ex trabajadores del sector público en el país.
Rezaba el mismo: “El que mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o sobre su familia, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses y multa de trece, punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que sea procedente algún beneficio o subrogado penal”.
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