Un trabajo de Dhayana Fernández Matos, investigadora del grupo ‘Estudios de Género, Familias y Sociedad’ de la Universidad Simón Bolívar, se adentró en la discriminación que en Venezuela padecen mujeres con VIH/Sida en distintos ámbitos de la vida, como el laboral.
De acuerdo con el análisis titulado ‘Doblemente discriminadas, situación de las mujeres con VIH/Sida en Venezuela’, le estigmatización de pacientes supera el hecho de saberse portadoras de un virus que compromete sus vidas: compromete el ejercicio de sus derechos humanos.
Hoy 1 de marzo, se conmemora el día mundial de la Cero Discriminación, que en esta ocasión busca destacar la imperiosa necesidad de que los países no creen leyes que excluyan o restrinjan a sectores de sus poblaciones. Según la ONU, los estados tienen la obligación moral y legal de aprobar todas las normativas que protejan a las personas.
Para Fernández, abogada con maestrías en Derechos Humanos, Género y Ciencias Políticas, el contexto social de Venezuela no favorece el bienestar de mujeres que padecen una enfermedad que ha cobrado la vida de 35 millones de personas en el mundo desde que en 1981 se diagnosticó el primer caso en Estados Unidos.
“Los derechos humanos de las mujeres con VIH son violados cotidiana y sistemáticamente, son discriminadas por ser mujeres y por tener VIH, configurándose situaciones de exclusión y de vulnerabilidad que requieren la intervención del Estado para intentar erradicar las desigualdades que el sistema social genera”, alerta la investigadora de Unisimón.
Vulnerabilidad y poco conocimiento
Al elaborar su trabajo, Fernández Mattos encontró que son escasos los estudios que abordan el aumento de la cantidad de mujeres con VIH/Sida en Venezuela, así como de sus experiencias y necesidades. Las investigaciones, por el contrario, se han centrado en hombres y algunas en trabajadoras sexuales y personas con adicción al consumo de estupefacientes.
“En general, el caso de mujeres ha sido poco analizado, siendo insuficiente la información acerca del acceso a los servicios, las situaciones sociales de discriminación y exclusión”, dice en su artículo, publicado en la revista Cuestiones de Género de la Universidad de León (España).
Para el estudio fueron entrevistadas 11 mujeres residentes en Lara, Zulia, Aragua y el área metropolitana de Caracas, cuyos testimonios evidenciaron lo difícil que les resulta incorporarse al mercado laboral o mantenerse en un empleo, dado su estado de salud.
“Algunas compañeras decían que no podían trabajar porque en el certificado de salud aparece el diagnóstico de VIH, ahí ya es una limitante”, manifestó una. “Yo no es que no quiera trabajar, pero en las empresas, cuando dicen ‘tienes que hacerte unos exámenes’, uno se cohíbe porque le van a detectar el VIH y a lo mejor tienes el potencial de trabajar, pero no puedes, no más por esa condición”, expresó otra.
Una de las entrevistadas, incluso, supo que era seropositiva luego de realizarse los exámenes de sangre para incorporarse en un nuevo empleo. Las pruebas de VIH se realizaron sin su consentimiento y la empresa al enterarse del diagnóstico no la contrató.
En el año 1994, el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social venezolano (hoy Ministerio del Poder Popular para la Salud) dictó una resolución que prohibía la realización de exámenes sin el consentimiento de las personas, debido a que las pruebas de VIH, se estaban aplicando de forma arbitraria y sus resultados generaban discriminación de las personas en el lugar del trabajo, en los centros de salud y en la comunidad en general.
Pero la realidad es otra, con base en las historias recogidas por Fernández Mattos: la realización de la prueba de VIH para el ingreso o controles anuales es una práctica recurrente y ocasiona la exclusión de las personas cuyos resultados resulten positivos.
“La discriminación en el empleo es una de las mayores preocupaciones de las mujeres con VIH, quienes en ocasiones tienen que dedicarse a la economía informal, trabajando en condiciones precarias, lo que profundiza su vulnerabilidad”, explica.
Datos oficiales
Según la entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres:
· Las normas jurídicas influyen directamente sobre el riesgo de las mujeres de contraer el VIH. En muchos países donde las mujeres tienen mayor riesgo, las leyes que las protegen son débiles.
· Unas leyes penales discriminatorias relacionadas con el VIH pueden afectar de manera desproporcionada a las mujeres, ya que es más probable que se sometan a pruebas y se pueda conocer su estado a través de la atención prenatal.
· En América Latina, las mujeres representaron un 29 por ciento del total de nuevas infecciones; entre el colectivo juvenil de 15 a 24 años, este porcentaje asciende al 36 por ciento.
· A escala mundial, en 2015 había alrededor de 17,8 millones de mujeres (de 15 años o más) que vivían con el VIH, lo que equivale al 51 por ciento del total de la población adulta que vive con este virus.
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