La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA) publicaron el informe ‘Puntos críticos del hambre: Alertas tempranas de la FAO y el PMA sobre la inseguridad alimentaria aguda, a través del cual señalan que Colombia está entre los países que se dispararía la inseguridad alimentaria aguda en los próximos meses, debido a la inestabilidad económica, el desplazamiento, la violencia y la inestabilidad política.
La mayoría de territorios que se verían afectados por esta situación están en África, y los que más sufrirían son Etiopía, Nigeria y Sudán del Sur. En Asia, Yemen sería uno de los más golpeados mientras que en América Latina serían Honduras, Haití y Colombia.
El informe señala que “En las últimas evaluaciones disponibles, todos estos países tenían partes de la población identificadas o proyectadas para experimentar la inanición y la muerte, que requieren atención más urgente”, y continúa diciendo que “la actual crisis económica de Haití, caracterizada por el debilitamiento de la moneda y una inflación galopante, ha provocado una mayor reducción del poder adquisitivo de muchos hogares pobres y vulnerables. Mientras que tanto en Honduras como en Colombia, a pesar de la recuperación gradual de la contracción del 2020, las reducidas oportunidades de empleo junto con el aumento de los precios y la disminución del poder adquisitivo, están empeorando las pérdidas económicas generadas por la pandemia”, refiriéndose al covid-19.
Una persona padece inseguridad alimentaria cuando carece de acceso regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para un crecimiento y desarrollo normales y para llevar una vida activa y saludable. Esto puede deberse a la falta de alimentos y/o a la falta de recursos para obtenerlos.
En Colombia, la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional fue creada para fortalecer los mecanismos de gobernabilidad y coordinación de las entidades rectoras de la política. De ella hacen parte los ministerios de Salud, Ambiente, Agricultura, Educación, Hacienda, Comercio, el ICBF y Planeación Nacional.
Al respecto, el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, explicó el gobierno se ha enfocado en mantener el normal funcionamiento de toda la cadena de suministro y abastecimiento de alimentos, a pesar de las restricciones generadas por la pandemia, “con lo cual hemos logrado garantizar la seguridad alimentaria en todo el territorio nacional”.
Sin embargo, Colombia está como uno de los 8 países con “muy altas limitaciones de acceso” a alimentos para sus habitantes sobre todo en áreas donde se presenta conflicto armado. Las razones, según el documento, son los retrasos en la aplicación del acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno y los grupos armados que ha provocado nuevas oleadas de ataques violentos, con 61.000 nuevos desplazados internos entre enero y septiembre de 2021, tres veces más que en 2020. “Es probable que los disturbios causados por el malestar social y las perturbaciones económicas continúen en medio de los procesos electorales previstos para el primer semestre de 2022. Esto podría contribuir a que continúen los altos niveles de desplazamiento en los próximos meses”, destaca el documento.
Además, la pandemia de covid-19 ha amplificado aún más las disparidades y sus efectos económicos que afectan a los hogares vulnerables, a pesar de un repunte económico en 2021 y un crecimiento del PIB previsto del 5,5 por ciento en 2022.
“Aunque las pérdidas de empleo relacionadas con la pandemia se han recuperado casi por completo, la tasa de desempleo sigue siendo alta, con más del 11% en octubre de 2021. También preocupa la inflación, que se situó en el 12,4 % interanual en septiembre de 2021, y que probablemente seguirá afectando al poder adquisitivo de los hogares vulnerables”, se lee en el documento.
Otro problema que identifica la FAO es la gran cantidad de migrantes venezolanos radicados en el país, siendo el lugar del mundo donde más migrantes venezolanos se encuentran radicados, 1,1 millones.
Entre las recomendaciones que entrega el informe están distribuir transferencias de dinero a las personas más vulnerables de las zonas rurales y urbanas, para mitigar el impacto de los aumentos previstos en los precios de los alimentos y proporcionar asistencia alimentaria e insumos agrícolas (semillas, fertilizantes y materiales) para la producción rápida, diversificada y segura de alimentos en contextos rurales, urbanos y periurbanos.
Otra de las acciones claves según el informe, es “aumentar los ingresos de los hogares y el empleo local, preservando los medios de vida agrícolas y mitigando la inflación que afecta el acceso a los alimentos”.
Edición: Gustavo Enrique Bossio Jiménez
Foto: laguajirahoy
