La Procuraduría General de la Nación declaró que no le fueron probados los cargos de conflicto de intereses a la exministra de Educación, Gina Parody D’Echeona, y a la exministra de Transporte, Cecilia Álvarez Correa Glen.
Ambas ex funcionarias testaban señaladas de haber tomado decisiones desde su posición de poder, para favorecer a una sociedad de la que eran representantes legales, para entregar la concesión del puerto fluvial de Gamarra, en el departamento del Cesar.
Parody y Álvarez habían sido acusadas de participar en dos Consejos Nacionales de Política Económica y Social, en los que se analizaron los planes para recuperar la navegabilidad del río Magdalena, y otro en el que se declaraba de importancia estratégica el proyecto Autopista Ruta del Sol. Según la Procuraduría, habría una dudosa aprobación del documento CONPES, y esto podría beneficiar a su familia, que hacía parte de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S. A.
La Procuraduría sí comprobó que los hermanos Parody eran accionistas de una sociedad que luego fue escogida por Cormagdalena para llevar a cabo el puerto fluvial. Pero dicha elección ocurrió meses después de la participación de las exministras en las sesiones de CONPES, en las cuales se emitió una resolución vinculante antes de establecer peajes en la transversal Río de Oro-Aguaclara-Gamarra. Además, los dos documentos se elaboraron en 2013 y ellas asumieron sus ministerios en 2014.
Por lo anterior, la Procuraduría concluyó que ninguna de las ex funcionarias incurrió en conflicto directo de intereses.
Esta decisión no fue apelada por quienes interpusieron el recurso legal, de modo que el fallo disciplinario proferido por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular quedó en firme.
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