En un giro trascendental en la política de seguridad urbana, el presidente Gustavo Petro anunció esta semana el inicio de diálogos de paz con grupos de delincuencia urbana en Barranquilla, como parte de su estrategia para reducir la violencia y ofrecer una segunda oportunidad a jóvenes inmersos en el crimen.
El mandatario hizo el anuncio el martes durante un evento multitudinario en la capital del Atlántico, donde fue respaldado por la ciudadanía en el marco de la presentación de una nueva consulta popular. “Quiero hablar en Barranquilla a esas bandas y a esos jóvenes porque voy a iniciar un diálogo con las bandas juveniles de Barranquilla”, expresó el presidente Petro.
Este anuncio se suma a los esfuerzos ya en marcha en Medellín, Quibdó y Buenaventura, ciudades en las que el Gobierno sostiene conversaciones con estructuras criminales como los ‘Shottas’ y los ‘Espartanos’. En Medellín, estos procesos han tenido avances significativos, al punto que la ciudad estaría próxima a registrar una tasa de homicidios de un solo dígito, según el propio Petro.
Aunque el presidente no identificó a las bandas con las que dialogará en Barranquilla, las estructuras más reconocidas en la ciudad son ‘Los Costeños’, ‘Los Rastrojos Costeños’ y ‘Los Pepes’, organizaciones involucradas en el control del microtráfico, la extorsión y presuntos vínculos con grupos guerrilleros y el Clan del Golfo.
“Queremos que hagan la paz, que no ataquen a su vecino, que no ataquen al otro joven, que le dejen de prestar servicios al traqueto y al político, que van de la mano”, manifestó Petro, enfatizando su apuesta por la formación de liderazgo popular y la reintegración social de los jóvenes involucrados en la violencia.
El proceso en Barranquilla no parte de cero. El pasado 2 de abril, se conoció que los líderes de ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, y Digno Palomino Rodríguez, manifestaron su interés de iniciar una mesa de diálogo con el Gobierno. La solicitud fue elevada al alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño.
Según fuentes judiciales, ambas bandas acordaron una tregua de cese al fuego entre el 11 de febrero y el 15 de marzo, período durante el cual se evidenció una reducción de homicidios en las zonas bajo su influencia. No obstante, ese periodo también coincidió con operativos de la Policía Metropolitana de Barranquilla que resultaron en la captura de sicarios implicados en al menos 50 asesinatos, lo que pone en duda la efectividad total de la tregua.
A pesar de las controversias, el Gobierno insiste en que la vía del diálogo puede ofrecer una salida sostenible a la violencia urbana, permitiendo que jóvenes inmersos en las dinámicas criminales puedan reinsertarse a la sociedad. “Colombia no es una tierra de bandidos; por eso iniciaremos ese diálogo de paz en esta ciudad”, concluyó Petro.
La atención ahora se centra en los próximos pasos que tomará el Gobierno nacional, mientras crece la expectativa sobre la implementación concreta de estos diálogos y sus posibles efectos en la seguridad urbana de Barranquilla y otras ciudades del país.
Redacción: judiciales
