El presidente Abelardo De la Espriella formalizó este viernes 4 de septiembre el desmantelamiento definitivo del andamiaje negociador construido en el sexenio anterior.
Mediante un pronunciamiento en sus canales oficiales, el jefe de Estado confirmó la firma de los actos administrativos que clausuran legalmente las mesas de diálogo y los espacios de conversación sociojurídica impulsados bajo la extinta política de ‘Paz Total’ del gobierno de Gustavo Petro.
La determinación ejecutiva pone fin a los canales formales de interlocución con diversos grupos armados al margen de la ley. “En ejercicio de mis facultades constitucionales, he expedido los actos administrativos que ponen fin a las mesas de diálogo y conversaciones sociojurídicas creadas durante la anterior administración”, aseveró el mandatario, ratificando el giro doctrinal en la estrategia de seguridad del Estado.
En concordancia con el cierre de las mesas, el Ejecutivo notificó al Ministerio de Justicia y a los organismos judiciales de la fuerza pública para reanudar de inmediato el despliegue de las órdenes de captura suspendedas temporalmente durante los acercamientos. El presidente enfatizó que se dará celeridad a los trámites de extradición vigentes y descartó cualquier marco legal diferenciado para las organizaciones criminales, al sentenciar que “la única vía es clara: el sometimiento a la justicia y al imperio de la ley”.
Con esta medida, la Casa de Nariño deja sin efecto la suspensión de órdenes de arresto que beneficiaba a decenas de voceros y miembros delegados de estructuras criminales urbanas y grupos armados rebeldes. La reactivación inmediata de las circulares rojas de Interpol y de los mandamientos judiciales ordinarios busca reestablecer la operatividad plena de la Fuerza Pública en las zonas con mayor presencia de estos actores al margen de la ley.
El viraje institucional refleja el cumplimiento de una de las banderas centrales del programa de gobierno de De la Espriella, orientado a sustituir los esquemas de negociación abierta por un modelo basado en el control territorial, el fortalecimiento de la inteligencia militar y el sometimiento riguroso al Código Penal. Sectores de la oposición han expresado inquietud por un eventual escalamiento del conflicto en regiones vulnerables, mientras que los gremios de la producción y analistas de seguridad han respaldado la firmeza en la aplicación de la ley.
El Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación deberán coordinar en las próximas horas las actuaciones pertinentes sobre el estado procesal de los antiguos voceros de paz. El panorama legal se reconfigura hacia un esquema penal estricto donde no habrá cabida a estatus políticos especiales ni a beneficios extraordinarios fuera de los previstos por la norma judicial vigente.
Foto: Presidencia Colombia