Fronteras invisibles, restricciones para movilizarse, panfletos amenazantes y control de rentas ilegales hacen parte del panorama de riesgo advertido por la Defensoría del Pueblo para cinco municipios del centro del Atlántico.
La entidad emitió la Alerta Temprana 019 de 2026, en la que advierte sobre la fuerte incidencia de grupos armados ilegales y estructuras de crimen organizado en Luruaco, Repelón, Sabanalarga, Baranoa y Polonuevo.
Según el documento, estas organizaciones estarían ejerciendo mecanismos de control sobre la población civil mediante amenazas y restricciones, además de regular actividades relacionadas con la extorsión, el microtráfico y el abigeato. A esto se suma el uso de rutas terrestres y fluviales de la región para movilizar armas, estupefacientes e insumos químicos.
El escenario, advierte la Defensoría, ha estado acompañado por un aumento de homicidios selectivos, atentados, amenazas mediante panfletos y desplazamientos forzados silenciosos, hechos que estarían generando un impacto cada vez mayor sobre las comunidades urbanas y rurales.
Detrás de esta situación estaría la disputa y coexistencia violenta entre el Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo, estructuras regionales como Los Costeños, Los Pepes, además de la incidencia de Los Rastrojos Costeños y otras bandas delincuenciales tercerizadas.
Las cifras que encendieron las alarmas
La alerta también expone el deterioro de algunos indicadores de violencia. En Sabanalarga, la tasa de homicidios pasó de 9,23 casos por cada 100.000 habitantes en 2023 a 31,55 en 2025, un incremento que prácticamente cuadruplicó el indicador.
El caso de Baranoa resulta todavía más marcado. La tasa pasó de 2,16 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023 a 24,88 en 2025, es decir, un aumento de más de once veces.
La Defensoría llama además la atención sobre los hechos violentos registrados en zonas rurales, entre ellas la trocha La Tomatera, en la vía Baranoa–Polonuevo, y el corredor que conduce hacia el corregimiento de Sibarco.
La violencia también estaría afectando de manera diferenciada a las mujeres. Los homicidios contra mujeres en la subregión Centro del Atlántico pasaron de uno en 2023 a seis en 2024, un incremento de cinco veces que, según la entidad, evidencia un patrón de riesgo específico.
A este panorama se suma la ruptura, a comienzos de este año, de una tregua entre Los Pepes y Los Costeños, situación que habría reactivado confrontaciones y retaliaciones armadas tanto en zonas urbanas como rurales.
Comunidades en mayor riesgo
La alerta identifica como población especialmente vulnerable a líderes sociales y defensores de derechos humanos, comunidades étnicas, niños, adolescentes y jóvenes, así como mujeres, población con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas y población migrante.
También aparecen entre los sectores expuestos comerciantes, ganaderos, mototaxistas y transportadores intermunicipales, debido a su relación directa con actividades económicas y corredores estratégicos del territorio.
Frente a este escenario, la Defensoría formuló 31 recomendaciones dirigidas a entidades nacionales y territoriales para fortalecer la protección de las comunidades, la prevención y la respuesta frente a las amenazas.
Entre las principales solicitudes está la activación urgente de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), con el propósito de implementar medidas de protección, contener las amenazas y garantizar el acceso a la justicia.
La Defensoría recordó que sus alertas son preventivas y no predictivas. En este caso, buscan advertir sobre los riesgos que ya enfrentan las comunidades de estos cinco municipios y llamar a las autoridades a actuar antes de que la violencia produzca nuevas consecuencias humanitarias.
Redacción: Alejandro Sandoval