El reciente informe con vigencia 2019 de la Organización No Gubernamental Human Rights Watch, muestra a Colombia como aun país en donde no obstante que firmó un Acuerdo de Paz con la guerrilla FARC, las medidas tomadas por el actual Gobierno en diferentes ámbitos han sido insuficientes.
El informe hace hincapié en los abusos por parte de grupos al margen de la ley como el ELN, las disidencias de las FARC y los reductos paramilitares que han incidido en la persecución y asesinatos a líderes sociales, defensores de derechos humanos, periodistas, gestores culturales y miembros de comunidades indígenas y afros.
Señala que el gobierno falla en aspectos la restitución de tierras de los desplazados del conflicto armado, los límites a los derechos reproductivos, el aislamiento de comunidades y la pobreza extrema y desigualdad socioeconómica del pueblo colombiano.
Otro de los puntos resaltados es el resurgimiento de una nueva agrupación de unos pocos líderes y excombatientes de las FARC que se enlistaron nuevamente en un grupo subversivo.
Para HRW, Arauca y las áreas fronterizas con Venezuela, han generado un entorno violento y complejo; cuestiona al ELN y sus disputas con el EPL, como los enfrentamientos en el Chocó contra paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que han originado diversos casos de lo conocido como confinamiento de comunidades, en las que, por si fuera poco, abunda la pobreza y el acceso a servicios básicos es precario.
HRW pone en tela de juicio la desmovilización de grupos paramilitares, que tenían “vínculos estrechos” con fuerzas de seguridad y políticos entre 2003 y 2006, por lo que lo califica como “profundamente defectuoso en el que muchos miembros permanecieron activos y se reorganizaron en nuevos grupos” para seguir cometiendo asesinatos y desapariciones. Además del desplazamiento de más de 2.000 personas en Córdoba en el primer semestre de 2018.
La ONG critica acremente la Ley de Justicia y Paz del 2005, mencionando su lentitud y que “de más de 30.000 tropas paramilitares que se desmovilizaron, 4.000 han tratado de cambiar una confesión por una sentencia más leve. Hasta marzo de 2018, 215 habían sido condenados”.
También menciona el caso de Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado de asesinato y conspiración en el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, y que solo hasta octubre, el hoy senador llegó a la Corte Suprema de Justicia a comparecer por el delito de manipulación de testigos.
Acerca de las violaciones por parte de las fuerzas de seguridad pública, el informe expone los casos de falsos positivos, mencionando que desde septiembre de 2019, la Fiscalía había abierto más de 2.000 investigaciones por denuncias de ejecuciones extrajudiciales cuando Álvaro Uribe era presidente, logrando más de 900 condenas y destaca testimonios entregados por miembros de la fuerza pública entregados a la JEP, pero señala como un “fracaso”, el enjuiciamiento de altos oficiales del Ejército y que al contrario, algunos fueran promovidos en la institución.
“En diciembre de 2018, el presidente Duque nombró al general Nicacio de Jesús Martínez Espinel como jefe del Ejército, a pesar de la evidencia creíble que lo vinculaba con falsos positivos”, dice el informe.
HRW también menciona el asesinato del excombatiente de las Farc, Dimar Torres, en el que un sargento fue acusado del crimen, y un coronel de encubrimiento y las revelaciones del New York Times acerca de cómo las políticas militares del Gobierno colombiano tenían semejanza con lo sucedido años atrás con los llamados falsos positivos.
Denunciar irregularidades se ha convertido en sinónimo de exposición al riesgo. El sur de Colombia en 2019 fue la región más peligrosa para líderes sociales y aunque la Fiscalía ha esclarecido algunos casos, para HRW “Las autoridades han progresado mucho menos en el enjuiciamiento de las personas que ordenaron asesinatos contra líderes comunitarios”.
Entre otros aspectos, el informe entregó un balance del trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz, destacándolo como parte de la implementación del acuerdo de Paz con las Farc, y también se refirió al desplazamiento interno y la restitución de tierras, donde deja entrever la postura de un senador del Centro Democrático que presentó “un proyecto de ley que limitaría la restitución de tierras en los casos en que las tierras fueron robadas y luego vendidas”.
Extraído del trabajo de Uriel Rodríguez, de BLU Radio
Foto: conflictoarmadoencolombiagruposalmargendelaley.wordpress.com