Juliana Guerrero, exasesora del Ministerio del Interior, dimitió de forma irrevocable a su posición como delegada del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar. La decisión fue formalizada mediante una carta pública emitida por su equipo legal.
En el comunicado, la exfuncionaria justificó su salida señalando que necesita concentrar todo su tiempo y esfuerzo en responder ante los procesos judiciales abiertos en su contra. Asimismo, argumentó que busca hacer frente al constante asedio y a las críticas mediáticas y políticas que ha sufrido en los últimos meses.
Guerrero enfatizó su disposición a colaborar de manera transparente con las autoridades, comprometiéndose a acudir a cada requerimiento oficial y a aportar las evidencias necesarias para esclarecer los hechos. Añadió que su renuncia busca evitar que los cuestionamientos sobre su conducta afecten el buen nombre de la universidad o del Gobierno Nacional.
La dimisión coincide con el anuncio de la Fiscalía General de la Nación sobre la apertura de una investigación formal contra Juliana y su hermana, Verónica Guerrero, por presuntos actos de corrupción. Diversos empresarios las acusan de intentar manipular la adjudicación de contratos públicos a cambio de coimas en entidades como los ministerios de Vivienda, Ambiente, Igualdad e Interior, la Agencia Nacional de Tierras y el Fondo Colombia en Paz.
Este escándalo, revelado por la revista Semana, detalla cómo las hermanas habrían aprovechado sus vínculos con sectores empresariales en varios departamentos desde 2024, época en la que ambas vinculaciones contractuales vigentes con el Estado. A este panorama se suma una acusación previa de la Fiscalía contra Juliana por la supuesta falsificación de su título universitario.