La Corte Constitucional tiene previsto para hoy, estudiar cinco de las 24 demandas contra la llamada ‘ley de financiamiento’, vigente desde enero y con la que el Gobierno buscó salir al paso de parte del presupuesto del 2019 mayormente en el tema tributario.
De las cinco demandas, dos implican la derogación de la mencionada ley por vicios de forma, según los demandantes.
eltiempo.com publicó que el error más grave, según dos de las demandas, es que cuando la Cámara aprobó la ‘ley de financiamiento’, “no conocía las modificaciones que el Senado le había hecho al texto la noche anterior. Eso significa que, a juicio de los demandantes, se violaron reglas muy importantes para tramitar cualquier ley como la publicidad, pues los representantes “no sabían lo que estaban votando””.
El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, asegura que derogar la ley traería “efectos funestos” y pondría “en serio peligro la estabilidad económica y la sostenibilidad de las finanzas públicas”, porque se desfinanciaría el presupuesto del 2019, se revertirían las nuevas medidas de recaudo, y el cambio en las reglas de juego generaría un “impacto irreparable” sobre la confianza inversionista.
Esa desconfianza llevaría a que, según el Minhacienda, se desacelere el crecimiento económico en la próxima década en 0,9 puntos, se aumente el desempleo en al menos 400.000 personas en el 2020, y la deuda pública suba en el 2021 hasta el 54,7 % del PIB “alcanzando su máximo nivel histórico”. Incluso, Carrasquilla dice que sin ley de financiamiento el peso se devaluará aún más y el dólar subirá en el 2020 a 3.800 pesos. El Ministerio también dijo que la ley buscó rebajar los impuestos para medianas y pequeñas empresas.
Fedesarrollo le planteó a la Corte que la caída de la ley implicaría una desaceleración del crecimiento del 0,8% y que, como dice Minhacienda, se generaría una incertidumbre fiscal con efectos negativos para las inversiones.
La Asociación Nacional de Instituciones Financieras asegura que eliminar la ley no traería mayores traumatismos, pues el Congreso tiene la posibilidad de tramitar una nueva norma. Asegura que si se cae y se crea una nueva reforma, no habría mayor impacto pues el grueso de sus cambios “empezarían a reflejarse a partir del 2020-2022, y el 2019 solo ha sido de transición”.
La propuesta de Anif es que el Gobierno presente otra reforma tributaria en el 2020 para extender el cobro del IVA a un 19 por ciento en bienes que hoy tienen tasas preferenciales y le recomienda privatizar a Ecopetrol y a ISA.
La ley de financiamiento creó un sistema que grava con tarifas de 35 %, 37 % y 39 % a ingresos superiores a los 35 millones de pesos al mes. Para quienes tienen ingresos mensuales mayores a los 100 millones, su tarifa aumentó de 33 a 39 %.
También se creó un impuesto al patrimonio para quienes tienen la mayor riqueza, es decir, un patrimonio igual o superior a $ 5.000 millones. Y el impuesto a los dividendos de las personas naturales incrementó la tarifa del 10 al 15 %. Uno de los mayores cambios en el sistema de recaudo fue el IVA a las cervezas y gaseosas, pues la ley eliminó el tratamiento preferencial que tenían esos productos y les impuso la tarifa general del 19 %.
La ley también creó un impuesto a la normalización tributaria, dándoles la oportunidad a contribuyentes que no hubieran declarado bienes para ponerse al día pagando una tarifa preferencial del 13 % sobre el monto de sus activos.
Tomado de eltiempo.com
Foto: eje21.com