La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) encendió las alarmas ante las recientes disposiciones adoptadas por la Presidencia de la República para regular la relación de los funcionarios gubernamentales con los medios de comunicación. Según la organización, la instrucción implícita de evitar entrevistas y evadir cuestionamientos directos vulnera el ejercicio del periodismo libre e independiente, al privar a los reporteros de la herramienta esencial de contrastar la versión oficial y exigir rendición de cuentas sobre temas trascendentales para la nación.
La falta de canales fluidos con la vocería institucional ya genera estragos tangibles en el trabajo informativo cotidiano, según documentó la propia entidad. La imposibilidad de acceder a declaraciones oficiales ha entorpecido la cobertura periodística de hechos de alta relevancia, como el desarrollo del conflicto armado y los estragos del reciente terremoto. La organización enfatizó que el periodismo requiere consultar fuentes diversas para entregar información veraz, una tarea que se bloquea sistemáticamente cuando el Estado decide guardar silencio o responder de forma evasiva.
El organismo de vigilancia recordó que esta postura restrictiva arrastra antecedentes desde la contienda electoral. Durante la campaña, la FLIP registró denuncias entre ellas las de la periodista Camila Zuluaga que señalaban cómo el entonces candidato Abelardo De La Espriella vetó entrevistas a redactores críticos, ordenó ignorar ciertas peticiones de prensa y condicionó su presencia en conferencias a conocer los cuestionamientos con antelación. Para la FLIP, replicar estas prácticas desde la jefatura de Estado es alarmante, pues los recursos y canales de comunicación gubernamentales son bienes públicos y no herramientas particulares del mandatario de turno.
La categorización informal de la prensa entre medios “amigos” u opositores representa uno de los mayores riesgos para el debate democrático. De acuerdo con la fundación, privilegiar a sectores afines al Gobierno mientras se imponen barreras a las miradas críticas fomenta un entorno desproporcionado e inequitativo. Este tipo de dinámicas no solo profundiza la estigmatización de quienes ejercen la profesión con independencia, sino que induce a la autocensura por el temor infundado de perder el acceso a las fuentes institucionales.
Frente a la narrativa de que las transmisiones y boletines gubernamentales son suficientes para informar a la ciudadanía, la FLIP fue enfática en que los canales oficiales no reemplazan la labor de investigación y fiscalización de la prensa. En su pronunciamiento, citó la Sentencia SU-018 de 2026 de la Corte Constitucional, fallo que ratificó la protección constitucional reforzada al acceso a la información pública, reconociendo el papel determinante del periodismo como engranaje fundamental del control democrático sobre el poder político.
Ante este panorama, la FLIP hizo un llamado directo al Ejecutivo para revocar esta directriz y asegurar un tratamiento equitativo y sin sesgos hacia todos los comunicadores, al margen de sus líneas editoriales. La organización concluyó que la interacción del Estado con los medios debe estar supeditada a criterios objetivos, transparentes y universales, garantizando que el acceso a las fuentes oficiales no dependa jamás de la simpatía ni de la afinidad política del gobernante en función.