El ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguró que la delincuencia en Barranquilla se habría reducido hasta en un 63 % luego de la estrategia de traslado de personas privadas de la libertad considerada de alta peligrosidad a otros establecimientos penitenciarios.
La afirmación fue hecha este viernes por el funcionario, quien defendió las medidas adoptadas por el Gobierno para evitar que estructuras criminales continúen impartiendo órdenes desde las cárceles. Según Cancino, los resultados estarían relacionados con las acciones coordinadas entre el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, y el Ministerio de Defensa.
“En la ciudad de Barranquilla se ha demostrado que ha bajado la delincuencia hasta el 63 % después de esa estrategia que se planteó”, manifestó el ministro.
En otra declaración, Cancino explicó que, según su versión, los traslados permitieron cortar las comunicaciones entre personas privadas de la libertad y presuntos integrantes de estructuras criminales que permanecen en las calles. El ministro señaló a Barranquilla como uno de los ejemplos de los resultados que, según el Gobierno, ya estarían observándose.
Sin embargo, en las declaraciones conocidas no se especificó a qué delitos corresponde exactamente la reducción del 63 %, cuál es el periodo de comparación ni la fuente estadística utilizada para establecer ese porcentaje. El ministro también relacionó las medidas penitenciarias con el aumento de las amenazas y atentados contra funcionarios vinculados al sistema carcelario. Para Cancino, ese incremento sería una respuesta de las estructuras afectadas por los traslados. “Se han incrementado las amenazas y los atentados”, sostuvo.
Frente a estas intimidaciones, el jefe de la cartera de Justicia aseguró que el Gobierno mantendrá su respaldo a los funcionarios del INPEC y a quienes participan en los procedimientos de traslado. “No vamos a tolerar amenazas o atentados contra ninguna de las personas que están involucradas en cumplir la ley y la Constitución”, afirmó.
Cancino también rechazó las amenazas, panfletos y ataques con cilindros bomba que, según señaló, se han presentado en medio de estas medidas y sostuvo que las intimidaciones no modificarán la estrategia penitenciaria del Gobierno.
La estrategia contempla continuar con los traslados de internos considerados de alta peligrosidad, mientras las autoridades buscan impedir que desde los establecimientos penitenciarios se impartan órdenes para cometer delitos en las calles.
Redacción: judiciales