En medio de la audiencia que se lleva acabo por presuntos actos de corrupción al interior de la Universidad Autónoma del Caribe en el que se encuentran involucrados nueve funcionarios y el exrector de la misma, Ramsés Vargas Lamadrid, la Fiscalía General de la Nación en representación del fiscal del caso, aseguró que la designación de Vargas Lamadrid como rector, se hizo luego de pagar 100 millones de pesos al anterior rector.
Según el ente acusador, luego de la salida de Silvia Gette por problemas judiciales, la rectoría del alma mater fue asumida por Mariano Romero Ochoa, quien habría cedido su puesto a cambio del pago de 100 millones de pesos por parte Ramsés Vargas.
“Mariano Romero, en su condición de rector encargado, cedió su legitimidad en el cargo a Ramsés sin estar permitido. En ese cargo solo podía estar Mariano Romero en representación de Gette y no otra persona distinta”, apuntó el fiscal del caso.
Así mismo, la Fiscalía citó que tanto el exrector como los nueve exempleados, deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de enriquecimiento ilícito, corrupción privada, administración desleal, falsedad en documento privado y estafa.
En otro aparte de la intervención el fiscal, apuntó que algunos miembros de la Sala General y del Consejo Directivo de la UAC, le “entregaron facultades a Ramsés Vargas para que dispusiera como quisiera de los bienes de la U”. Entre las personas que habrían dado la autoridad antes mencionada, se encuentra Mariano Romero, Tamid Turbay, Orlando Saavedra y pedro Sierra.
Las facultades otorgadas al exrector, habrían permitido a “Ramsés hipotecar y realizar cualquier tipo de operación con los bienes de la universidad”, además aumentaron “60 salarios mínimos y luego hasta 1.400 salarios mínimos de pagos al rector, superando los presupuestos de la universidad”.
Texto: Aldair Molina Mendoza. Foto: Archivo.