Jonathan Malagón, ministro de Vivienda Ciudad y Territorio, en declaraciones a los medios de comunicación luego de dar a conocer el beneficiario del subsidio recurrente, expresó que las acciones judiciales frenan el crecimiento de la construcción.
El funcionario explicó que hace 10 años no se avanza en estos temas fundamentales, que el 13 por ciento de las licencias aprobadas están paralizadas por los fallos judiciales. Este porcentaje equivale a 8 millones de metros cuadrados.
“En Colombia se ha dejado de construir un área equivalente a la que abarca actualmente la ciudad de Bucaramanga y los fallos judiciales de distinta naturaleza, no han permitido que se desarrollen proyectos urbanísticos.
Por ello apeló a establecer el derecho colectivo que incluya a compradores, urbanizadores, trabajadores y todas aquellas personas que han invertido dinero para cristalizar los proyectos, que hoy no están en la realidad por los fallos judiciales”.
Hay que tener respeto al sector constructor que contribuye al desarrollo de las ciudades y por eso se debe garantizar desde el Gobierno, la sostenibilidad de las edificaciones en el mediano y corto plazo. Explicó
Malagón expresó que dentro de la visión política de vivienda que tiene el Gobierno al 2022, está la seguridad jurídica
“En el PND se reforzó la figura de la licencia de construcción como un derecho colectivo, y esto es un insumo poderoso para que los jueces puedan equilibrar la balanza entendiendo que cuando un proyecto se va al traste no solo se afecta al constructor sino al patrimonio de las familias que invirtieron.
También necesitamos que los POT estén actualizados, tenemos 853 POT desactualizados. El Gobierno se puso una meta y es actualizar 150 de los cuales priorizamos 32, que quedarán listos en diciembre del año entrante”, expresó el ministro de la cartera de vivienda.
Texto Gina Geraldino Patiño. Foto prensa Camacol