En el marco de una intervención oficial desarrollada este lunes en la ciudad de Valledupar, el jefe de Estado, Abelardo De la Espriella, fijó de forma contundente la posición doctrinal de su administración frente a las organizaciones al margen de la ley. Durante el acto público, el mandatario ratificó que bajo su periodo gubernamental ningún grupo armado o narcoterrorista recibirá estatus de interlocutor político ni concesiones ideológicas por parte de las instituciones del Estado.
El presidente centró su discurso en desacreditar el marco interpretativo que históricamente equiparar la violencia criminal con movimientos de reivindicación ideológica. Según expuso la máxima autoridad ejecutiva, vincular la actividad delictiva a narrativas sociopolíticas ha sido una construcción equivocada que solo ha generado retrocesos institucionales y afectaciones sistémicas a la población civil a lo largo de las últimas décadas.
En su argumentación técnica y legal, De la Espriella enfatizó que la naturaleza jurídica de los delitos de impacto no se altera por las banderas o pretensiones de sus perpetradores. Señaló puntualmente que conductas punibles como el secuestro, la extorsión y el tráfico de estupefacientes constituyen actos estrictamente criminales, independientemente de si la estructura que los ejecuta busca ampararse bajo argumentos de corte revolucionario o de cambio social.
Bajo esa misma premisa, el mandatario equiparó la naturaleza delictiva de los antiguos capos de los carteles del narcotráfico con la de los máximos comandantes de las extintas FARC y de las disidencias armadas actuales. De la Espriella fue enfático en señalar que figuras emblemáticas del crimen organizado del pasado y líderes insurgentes históricos comparten el mismo estatus de responsabilidad frente a la justicia colombiana.
Finalmente, el mandatario concluyó su intervención advirtiendo que la era de los diálogos de paz bajo concesiones de representatividad política ha llegado a su fin durante su administración. Aseguró que la respuesta estatal ante cualquier manifestación de terrorismo se limitará al uso riguroso del marco constitucional, el ordenamiento penal vigente y la aplicación irrestricta de la fuerza legal del Estado para salvaguardar el orden público.
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