En el marco de la estrategia de seguimiento preventivo “Paz Energética”, la Procuraduría General de la Nación encendió las alarmas sobre el contrato firmado entre la empresa intervenida Air-e S.A.S. E.S.P. y la multinacional China National Machinery Exports and Imports Corporation (CMC). La transacción, cuyo valor asciende hasta los $2 billones de pesos, se encuentra bajo la lupa del órgano de control debido a los eventuales compromisos financieros y operativos que podrían comprometer la estabilidad de la compañía prestadora de energía en la región Caribe.
El pronunciamiento del Ministerio Público se dio tras un riguroso análisis técnico al contrato y sus anexos, recabados mediante requerimientos oficiales a Air-e y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Como resultado de la revisión documental, las autoridades disciplinarias identificaron diversos factores de riesgo que exigen una vigilancia especial para evitar distorsiones en la sostenibilidad económica de la empresa y asegurar que no se generen traumatismos en la prestación del servicio público domiciliario.
Paralelamente, la investigación abarca el análisis minucioso a las actuaciones de los agentes especiales designados durante la intervención: Edwin Palma Egea, Diana María Bustamante Rueda, Nelson Javier Vásquez Torres, Tania Patricia Peñaranda Zuleta y Jaime Humberto Mesa Buitrago. Este último fue quien formalizó la firma del controvertido acuerdo comercial el pasado 19 de agosto de 2026, por lo que su rol está bajo especial escrutinio del organismo fiscalizador.
El objetivo central del seguimiento preventivo radica en reconstruir la trazabilidad integral de la negociación desde sus etapas preliminares, evaluar las decisiones adoptadas por cada administración temporal y definir las eventuales responsabilidades. Asimismo, el ente de control busca anticipar contingencias legales o financieras asociadas a la estructuración de la alianza con el gigante asiático.
Desde la Procuraduría enfatizaron que el esquema de “Paz Energética” impone actuar de manera preventiva para neutralizar riesgos antes de que impacten a los usuarios del servicio. En consecuencia, el Ministerio Público ratificó que mantendrá un control de gestión permanente y riguroso sobre las decisiones operativas que ejecute la administración de Air-e mientras permanezca intervenida.
Foto: Redes