La Procuraduría General de la Nación inició un proceso disciplinario contra funcionarios del Hospital Universitario ESE Cari, y pidió a la Fiscalía y a la Contraloría General investigar a funcionarios y particulares que participaron en la firma de un contrato directo con el Consorcio Gestor Hospitalario del Caribe, para la operación de ese centro asistencial por 15 años.
Asimismo, el ente regulador solicitó la terminación inmediata del contrato por la presunta violación al Código Penal Colombiano y el Estatuto Anticorrupción, en que habrían podido incurrir los funcionarios y particulares que hicieron parte del proceso, acelerado y secreto, que terminó con la firma del convenio el pasado 27 de diciembre.
En la comunicación, el Ministerio Público reiteró “la inconveniencia institucional” que se desprende para el centro hospitalario por dicha decisión, teniendo en cuenta las falencias existentes en la definición de aspectos jurídicos, técnicos, económicos y financieros.
Asimismo, aseveró que el contrato firmado no garantiza el cumplimiento de requisitos legales dentro de la convocatoria, lo que pone “en riesgo no solo la prestación de los servicios de salud, sino el manejo de los recursos del sistema de seguridad social integral involucrados en la prestación de dichos servicios”.
La Procuraduría advirtió además que resulta “impensable” que se procediera a formalizar un contrato con el único oferente que se hizo partícipe de la convocatoria referida, teniendo en cuenta que el proceso concluyó con la inadmisibilidad de la oferta, argumentando un “inexistente conflicto de intereses”, así como el rechazo de la misma, por lo que hubo “una mal fundada declaratoria desierta del proceso”.
Finalmente, la Procuraduría pidió al gerente del hospital que en las próximas 24 horas informe las acciones adoptadas para poner fin al contrato y dar cumplimiento al Estatuto de Contratación del Hospital y los principios de la función administrativa y de la contratación estatal.
El próximo lunes una comisión de la Procuraduría se reunirá con la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, y la secretaria de Salud del departamento, Alma Solano, para evaluar un plan de acción que garantice la operación del centro hospitalario y la adopción de todas las medidas jurídicas para evitar alteraciones al servicio, incumplimiento del régimen legal y afectación a los recursos públicos.
Edición: Andrés Guzmán de la Cruz. Foto: archivo
