La Procuraduría General de la Nación suspendió por tres meses al gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón y solicitó la suspensión de un contrato por más de $2.000 millones de pesos, con visos de irregularidades utilizados para superar la emergencia del coronavirus.
El procurador Fernando Carrillo dijo que han evidenciado una avalancha de corrupción por la mala utilización de los recursos en los contratos de programas para superar la emergencia por el coronavirus. El ente de control tiene más de 296 procesos disciplinarios abiertos.
A la suspensión del Gobernador de Chocó se unen la del alcalde de Calarcá (Quindío), Luis Alberto Balsero Contreras, y el secretario Administrativo del municipio, José Garzón, a quienes se ordenó la apertura de investigación por presuntas irregularidades en el contrato de suministro No. 007 de 2020 por $396.951.000.
Hay 1.286 investigaciones se han abierto y 990 de esos procesos son preventivos. En 14 gobernaciones hay contratos irregulares.
En la gobernación del Cesar se investigan 40 contratos, se adelantan 70 más en 55 municipios y 24 en entidades nacionales y territoriales dio a conocer la entidad.
Aquí hay funcionarios públicos y mandatarios locales por lo que la entidad afirmó que seguirá vigilando los 5.500 contratos por un billón de pesos, sobre contratos de coronavirus, de los cuales el 18 por ciento de orden nacional.
El ente de control sostuvo que se abrieron procesos a varios gobernadores entre ellos al gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón y anunció que se ordenó su
“Resulta altamente inconveniente que ante la pandemia producida por el COVID-19, los recursos del Estado no estén dirigidos a garantizar los derechos fundamentales a la salud, a la vida de las personas que pudieran resultar contagiadas, y del personal médico y de enfermería que tendría que atender a los pacientes”, indicó Carrillo.
Otras investigaciones
Al gobernador de Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, se le investiga preliminarmente por presuntas irregularidades en la vigilancia de la delegación que hizo en la Secretaria General del departamento, Lorena Paola Hernández Dangond, para suscribir 37 contratos, por más de $14.065 millones, para la adquisición de 88.700 kits de mercados.
El gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, fue citado a audiencia de juzgamiento “presuntas irregularidades en el contrato para la realización de eventos y actividades artísticas en el municipio de Cravo Norte, por $570 millones”.
Además, es investigado por contratos que tienen que ver con la entrega de mercados en los que al parecer hay sobreprecios.
Principales decisiones
Audiencia de juzgamiento a la alcaldesa de El Socorro (Santander), Claudia Luz Alba Porras Rodríguez, por presuntas irregularidades en la celebración de dos contratos por más de $325 millones de pesos.
-Se llamó a juicio disciplinario al alcalde de Guaduas (Cundinamarca), Germán Herrera, por presuntos sobrecostos en dos contratos, por $560 millones de pesos.
-Se abrió investigación disciplinaria al alcalde de La Palma (Cundinamarca), John Jairo Pulido Pulgarín, por presuntas anomalías contractuales relacionadas con posibles sobrecostos e irregularidades en la selección de contratistas para la firma de un convenio por $65 millones de pesos