La decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que fijó el aumento del salario mínimo provocó una avalancha de pronunciamientos en distintos sectores políticos del país, varios de ellos con llamados abiertos a la movilización ciudadana.
Desde el Congreso, la representante María Fernanda Carrascal calificó la medida como “una canallada infame” y aseguró que se trata de “un golpe vil contra la clase trabajadora y contra nuestro sistema democrático”.
La congresista sostuvo que el incremento del 23,7 % se definió tras agotarse el proceso de concertación y bajo criterios constitucionales, citando los artículos 25, 53, 333 y 334 de la Carta Política. A su juicio, al suspender el decreto, el alto tribunal “sustituye de facto el procedimiento constitucional” y asume la posición de los grandes gremios económicos.
Además, advirtió que el debate trasciende el monto salarial: “No está en juego solo el ingreso vital de 2,6 millones de personas. Está en riesgo la posibilidad misma de que nuestra democracia exprese los intereses populares”. Carrascal invitó al “pueblo trabajador” a ponerse en pie de lucha por sus derechos.
En la misma línea, el representante Agmeth Escaf rechazó la lectura de que la suspensión sea un golpe político en época electoral. “No lo es. En realidad, se trata de un disparo mortal contra las familias colombianas más vulnerables”, afirmó. También convocó a protestas masivas contra lo que calificó como una “jugadita” del Consejo de Estado.
El exsenador Gustavo Bolívar habló de “clara extralimitación de funciones” y consideró la decisión como una arbitrariedad que debe “poner de pie a todos los trabajadores de Colombia”.
Por su parte, el exalcalde de Medellín y aspirante presidencial Daniel Quintero calificó la suspensión como “indignante” y aseguró que el pueblo debe manifestarse masivamente en las calles ante lo que llamó un atropello a sus derechos.
Sin embargo, no todas las reacciones fueron de rechazo frontal. El senador Carlos Meisel expresó respeto por la justicia, aunque dijo no compartir la decisión. En su pronunciamiento planteó que el enfoque debería centrarse en bajar impuestos para no afectar la generación de empleo y evitar, según sus palabras, que el Gobierno “siga metiéndole la mano en los bolsillos a la gente”.
Desde el ámbito local, un concejal de Bogotá también se pronunció, criticando a quienes, según dijo, celebran la caída del aumento del salario mínimo mientras buscan respaldo del “pueblo trabajador”.
La suspensión provisional ordena al Gobierno expedir un nuevo decreto en un plazo de ocho días, ajustado a criterios técnicos como inflación, productividad y comportamiento económico, mientras se resuelve de fondo la demanda contra el incremento.
Lo que comenzó como una decisión cautelar de carácter jurídico rápidamente se convirtió en un pulso político de alto voltaje, con convocatorias a movilización y un debate que ya se instala en la calle, en el Congreso y en la agenda electoral.
Redacción: Alejandro Sandoval
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