sábado, abril 25, 2026 8:51 pm

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Se inicia nuevo litigio entre Colombia y Nicaragua

por Redacción: Noticias Coopercom

Hoy se inicia en La Haya, sede del gobierno de Países Bajos, en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), las audiencias de una demanda de Nicaragua contra Colombia por la supuesta violación de los derechos de ese país caribeño.

Esta es la tercera demanda de Nicaragua contra Colombia ante la CIJ. En esta ocasión está en riesgo la defensa de los derechos de pesca de la comunidad Sanandresana.

Carlos Gustavo Arrieta es el agente de Colombia en este proceso que irá hasta el 1 de octubre, para luego esperar el fallo del tribunal que se pronunciaría en marzo o abril de 2022

Todo empezó el 6 de diciembre de 2001, cuando Nicaragua presentó ante la Corte una demanda reclamando la soberanía del archipiélago de San Andrés. Nicaragua afirmó en ese momento que el tratado Esguerra-Bárcenas de 1928, que determinó los límites entre ambos países, carecía de validez legal, y rechazó que el meridiano 82° W fuera el límite marítimo entre los dos países. Sin embargo, la CIJ resolvió que las islas pertenecen a Colombia. Y aunque la Corte no desconoció el Tratado Esguerra-Bárcenas, estableció que no era un tratado de límites. De ahí que el caso se extendió hasta noviembre de 2012, cuando la Corte emitió el fallo de fondo: decidió que aproximadamente 75.000 km² de espacio marítimo pasarían a ser parte de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Nicaragua. “Lo que no se valora de esa decisión es que la CIJ estableció que los cayos Albuquerque, del este sudeste, Roncador, Quitasueño y Serrana, ean colombianos”, agrega Ricardo Abello, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario. La CIJ es el principal órgano judicial de Naciones Unidas. Su función es resolver, de acuerdo con el derecho internacional, las controversias legales entre Estados; puede emitir opiniones que le remitan organismos especializados de la ONU y resuelve estas discusiones entre países sobre la base de la participación voluntaria de los interesados, por lo que si un Estado acepta participar en un proceso, está obligado a cumplir con su decisión.

Edición: Gustavo Enrique Bossio Jiménez

Imagen: uexternado.edu.co