La Superintendencia de Servicios Públicos, por primera vez, admite en público que hubo fallas, en su momento, en la vigilancia y control a Electricaribe, cuando esta empresa pertenecía a Gas Natural Unión Fenosa, a la cual el anterior Gobierno se la quitó y la intervino con fines de liquidación desde hace dos años.
Así lo admitió la Superintendente Natasha Avendaño García en el segundo día y clausura del III foro de energías renovables que organizó la Andi en Barranquilla durante dos días.
Por eso la funcionaria considera que, a partir de este momento, el objetivo de la Superintendencia de Servicios Públicos tendrá como meta implementar controles preventivos y no correctivos, como en su momento aconteció con la empresa distribuidora de energía en la Costa Caribe.
“Yo les voy a contar una infidencia y espero que el director de energía no se ponga bravo conmigo. Básicamente una de las cosas que le he dicho al equipo de trabajo es que, si yo llegó a tener que intervenir una de las compañías vigiladas es porque las etapas previas, en cabeza de las superintendencias delegadas: acueducto, alcantarillado y aseo y energía y gas, consideraré que fracasé en mi labor de vigilancia y control”, expuso ante empresarios.
Avendaño García en un panel con el director de la Creg, Christian Rafael Jaramillo, y la moderación del presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Ricardo Plata, sostuvo que “si yo no hice la tarea de control a tiempo, pues al final del día me toca igual recoger el desastre. Y la manera de recoger ese desastre es interviniendo la empresa”.
En próximos días se cumplen dos años de la intervención, primero, y luego la intervención con fines de liquidación, a cargo de José Miguel Mendoza. Ahora se está en la fase de evaluar una única propuesta que se hizo, al parecer, por el Grupo Enel, cuya precalificación debe darse el próximo 16 de noviembre y luego esperar que se haga la oferta financiera hasta febrero de 2019.
La Superservicios señaló que las causales de intervención se centran en la materialización de los riesgos de la tarea de vigilancia y control, que es mirar financieramente cuál es el estado de las compañías y ese monitoreo debe ser permanente, además de ver las capacidades técnicas y operacionales, así como las comerciales, y en la falla de algunas de ellas se puede decidir la intervención o no de una compañía.
“La labor de la Superintendencia, más allá de ser el policía que vigila, es la de tener la capacidad de garantizar la correcta prestación del servicio público, que es en últimas lo que importa”, afirmó Avendaño García.
El director ejecutivo de la Creg en su exposición manifestó que la Comisión, tiene claro de que hay que garantizar la prestación del servicio y que, en el caso de Electricaribe, involucra al 20% de los colombianos y cuyo problema es de inversión en infraestructura en la distribución de energía.
“Lo que sea la solución ahora va a tener efectos en el largo plazo en la organización del sistema. Y es importante que la solución no salga que sea un tiro en el pie. En la medida en que nos corresponde estaremos atentos, en aras de garantizar la prestación del servicio, no solo en la coyuntura, sino en la organización del mercado en el largo plazo”, expuso.
A su vez el presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Ricardo Plata, sostuvo que el Gobierno en su momento se demoró en intervenir a Electricaribe y que la falta de inversión no solo ha sido de Gas Natural Fenosa, anterior dueño de la empresa, sino de la misma Superintendencia de Servicios Púbicos que la intervino hace dos años y ahora se busca un nuevo operador.
“Cuando no hay un horizonte claro y existe una incertidumbre prolongada, surgen toda suerte de espontáneos, como en el toreo, a ofrecer soluciones, de distintos componentes de la cadena y del proceso, haciendo propuestas que no son las más convenientes”, añadió Plata.
Texto y foto: Jorge Montaño Acosta