El panorama tarifario en el Caribe colombiano enfrenta un nuevo hito judicial tras el pronunciamiento del Tribunal Administrativo del Atlántico, avalado previamente por el Consejo de Estado en el marco de las medidas cautelares sobre el régimen especial de tarifas de energía. La decisión del alto tribunal ordena acelerar las acciones administrativas necesarias para desmontar cobros adicionales que impactan de manera directa el bolsillo de los pobladores de esta zona del país.
Norman Alarcón, vocero de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos, precisó que el paso definitivo para desmontar el esquema diferencial de cobro radica en la eliminación del recargo del 20 % sobre la comercialización de energía. Dicha contribución, implementada en 2020 en medio de la contingencia por la pandemia, aplica exclusivamente a los departamentos de la región Caribe, situación que el dirigente gremial catalogó como una medida inequitativa respecto al resto del territorio nacional.
De acuerdo con las proyecciones de la Liga de Usuarios, la suspensión de esta sobretasa generaría un alivio inmediato al traducir un ahorro de entre 50 y 60 pesos por kilovatio hora en los recibos domiciliarios. Alarcón argumentó que situar el costo del kilovatio en torno a los 800 pesos no solo reduciría la presión económica sobre los hogares e industrias de la Costa, sino que impulsaría de forma paralela los índices de recaudo al dinamizar la capacidad de pago de los suscriptores.
Ante este panorama jurídico, la veeduría ciudadana hizo un llamado vehemente a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para que ejecute sin dilaciones los mandatos dictaminados por la rama judicial. Al respecto, se recordó que la entidad regulatoria ya había formulado un proyecto de resolución en el pasado para retirar dicho gravamen, iniciativa que quedó frenada y que motivó al personero distrital de Barranquilla, Miguel Ángel Alzate, a promover un incidente de desacato por la falta de cumplimiento.
Finalmente, este nuevo auto emitido por la magistratura departamental eleva la presión institucional sobre el Ministerio de Minas y Energía y los órganos reguladores del Gobierno Nacional. Con el respaldo del Consejo de Estado, los gremios de usuarios confían en que se adopten los ajustes normativos definitivos para desmontar los sobrecostos en la comercialización y avanzar hacia un esquema de servicios públicos más justo para la región.
Foto: Redes