El ex paramilitar Carlos Enrique Vélez notificó el pasado martes al Fiscal Séptimo delegado, su decisión de no colaborar más en el juicio que se le sigue a Diego Cadena, antiguo abogado del ex presidente Álvaro Uribe llamado a juicio por presunta manipulación de testigos.
Diego Cadena, quien fue el abogado de Uribe, que visitó a distintas cárceles para conseguir testimonios que favorecieran al ex presidente y directamente desfavorecieran al senador Iván Cepeda.
Sin embargo, el caso podría frenarse por la decisión de Carlos Enrique Vélez de no colaborar con la justicia porque el INPEC no permite que su abogado, Óscar Lizarazo, se reúna con él y por sus quebrantos de salud, al punto que Lizarazo envió al juez una carta en la que dice que Vélez “…viene presentando extraños cuadros de salud, como malestar general y especialmente fuertes mareos que afectan considerablemente sus sentidos visuales y auditivos; y al parecer el Instituto (INPEC) se ha sustraído de brindar la atención médica correspondiente”. Además, porque, supuestamente, el calabozo donde Vélez está dentro de la cárcel de Palmira “carece de baño privado”.
Lizarazo también argumentó que el sobrino de Vélez, José Fernando Ocampo Vélez, está detenido en la misma cárcel y que es otro de los testigos en el proceso contra Cadena y el socio de este, Juan José Salazar, por lo que “por razones obvias de seguridad”, se pidió que Ocampo Vélez fuera reubicado junto con Carlos Enrique Vélez, solicitud que, según el litigante, tampoco fue respondida a su favor. Por esas razones, sostiene Lizarazo, Vélez guardará silencio “hasta tanto estén dadas las garantías y esté resguardada su integridad y la de su familia”.
Esta decisión de no cooperar más con la Fiscalía podría poner en serios aprietos a la Fiscalía, que llamó a juicio a Diego Cadena y a Juan José Salazar en 2020 por dos cargos, soborno en actuación penal y fraude procesal -los mismos delitos por los que está investigado Álvaro Uribe-.
Para la Fiscalía, cuando Cadena y Salazar empezaron a visitar diferentes cárceles del país en busca de testigos que pudieran hablar a favor del ex mandatario, los abogados cruzaron la frontera de la legalidad y terminaron ofreciendo pagos o prebendas a personas como Carlos Enrique Vélez, un antiguo integrante del frente Cacique Pipintá conocido con el alias de Víctor.
La gestión de Cadena y Salazar se tradujo en varias cartas -elaboradas por el propio Cadena- enviadas a la Corte Suprema en 2018, en las que algunos ex paramilitares señalaron ofrecimientos del senador Iván Cepeda para incriminar al expresidente Uribe. Vélez fue uno de ellos, pero luego cambió su versión y terminó admitiendo que él había recibido dinero de Cadena para favorecer al ex presidente.
El pasado 8 de febrero el grupo del fiscal Gabriel Jaimes, que maneja el caso Uribe, tomó declaración juramentada de Vélez y éste reiteró su testimonio. Aseguró que Cadena le ofreció $200 millones y que alcanzó a recibir casi $50 millones.
En su escrito de acusación contra Diego Cadena y Juan José Salazar, la Fiscalía aseguró que tiene probados pagos por $48 millones a Vélez por medio de familiares: María Helena Vélez, su hermana, $5,8 millones; José Fernando Ocampo, su sobrino, $18 millones; Ricardo Diosa, su primo, $10 millones, y la lista continúa. Según Vélez, Diego Cadena lo visitó sin anuncio previo en la cárcel de Palmira en junio de 2017 y le ofreció la cantidad mencionada a cambio de acusar a Cepeda y desmentir a Pablo Hernán Sierra, exjefe del frente Cacique Pipintá que ha declarado que los hermanos Álvaro y Santiago Uribe promovieron la aparición del bloque Metro.
Cadena, por su parte, tiene otra versión de esos pagos: no los niega, sino que asevera que se hicieron por razones “humanitarias”.
El juicio ya está en la etapa preparatoria, la última audiencia se realizó el pasado miércoles 14 de abril y continuará el 15 de junio.
Fuente: elespectador.com
Foto: elpregonar.co