jueves, noviembre 19, 2026 2:48 pm

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La Constitucional tumbó plazo de 10 meses para pagar condenas de seguridad social

por Redacción: Noticias Coopercom

A través de una ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, la Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó el plazo de 10 meses que le daban al Estado y a entes territoriales para cancelar las condenas en su contra derivadas de reclamaciones al sistema de seguridad social, como se establecía en el artículo 98 de la Ley 2008 de 2019.

Ibañez analizó una demanda contra el citado artículo, presentada por los juristas Rafael Rodríguez (foto), Kelly Barrios y Heriberto Gallardo, en la que sustentaron que se vulneraba el derecho a la igualdad y el principio de unidad de materia, al mínimo vital, al deber de la protección especial a personas en condición de discapacidad, entre otros.

Los demandantes consideraban que la normativa contemplaba una diferenciación injustificada entre quienes reclamaban prestaciones al sistema de seguridad social ante organismos privados y frente a quienes lo hacían contra el Estado. Igualmente, consideraron que se podía presentar vulneración de la protección especial que se les otorga a niños, adolescentes, personas de la tercera edad, e individuos en condición de discapacidad en la medida que la norma disponía la dilación de la ejecución de los fallos judiciales.

Para los demandantes es claro que un porcentaje apreciable de los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes son niñas, niños y adolescentes (NNA) huérfanos de padre o madre que aportaban todo o parte del sustento de esa familia de la cual son integrantes, de ahí que consideren que someter a esta población a una espera de 10 meses para el pago de una condena vulneraba los derechos mencionados.

“La pensión de sobrevivientes es la vía para que miles de NNA huérfanos de padre o madre puedan estudiar, estar cobijados por el Sistema General de Seguridad Social en Salud, tengan una alimentación equilibrada y un desarrollo armónico e integral”, reza la demanda, y aunque el documento fue admitido en su totalidad, el magistrado Ibáñez argumentó que de los siete cargos invocados por los demandantes solo uno fue analizado, los demás no cumplían la carga argumentativa necesaria para generar una duda mínima que habilitara la competencia de la Corte para adelantar un juicio sobre el análisis.

En su ponencia, el magistrado señaló que “La Sala reiteró que las disposiciones generales incluidas en las leyes anuales de presupuesto deben guardar un vínculo con la ejecución del presupuesto; además, no pueden modificar materias sustantivas ni exceder el límite temporal de las leyes anuales de presupuesto”.

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