El Consejo de Estado dictaminó que la Policía Nacional es responsable, por omisión, del atentado de las Farc, perpetrado el 14 de abril de 2002, contra el entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez, en Barranquilla.
Por tanto, la nación deberá reparar a la familia de Donaldo Pisciotti Duarte, el conductor de un bus que pasaba por el sitio del atentado con bomba que le quitó la vida.
Pisciotti Duarte fue alcanzado por la onda explosiva y se debatió entre la vida y la muerte por 26 días en una Unidad de Cuidados Intensivos y fue la cuarta víctima mortal del artefacto explosivo que estalló en la carrera 46 con calle 30.
La familia del chofer demandó al Estado y luego de casi 20, la justicia le dio la razón.
El ahora expresidente llegó a Barranquilla en medio de la campaña que, meses más tarde, lo llevaría a la Casa de Nariño.
El día del atentado murieron tres pescadores que trabajaban en el Caño de la Ahuyama, mientras que una niña de tres años perdió una pierna y dos agentes de Policía que iban en moto terminaron gravemente lesionados.
El Consejo de Estado determinó que la Policía debió prever la acción violenta contra Uribe, debido a que el 3 de noviembre de 2001 en Galapa, Atlántico, un carro de mula explotó cinco minutos después de que pasara la caravana del candidato presidencial. Además, el Consejo concluyó que el esquema de seguridad no entregó la información de rutas a tiempo, y la Policía no logró cumplir su función de asegurar las sedes políticas y proteger a la comunidad de las acciones violentas.
Edición: Gustavo Enrique Bossio Jiménez
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