La alcaldesa Virna Johnson, anunció que denunciará a Óscar Gálvez, interventor del Hospital Julio Méndez Barreneche, porque éste hizo retención de las cuentas del distrito de Santa Marta, lo cual calificó de improcedente, puesto que afecta los recursos del Sistema General de Participaciones, que, al amparo de la Constitución Nacional, son inembargables.
Las cuentas bancarias del Distrito están debido a un proceso de cobro coactivo, lo cual trae graves consecuencias para la administración de la ciudad. La alcaldesa también señaló el accionar del interventor de la Supersalud, Oscar Gálvez, como de inaudito, irresponsable, inhumano, e inconstitucional y advirtió que denunciará a todo aquel funcionario de la institución hospitalaria que “mediante actuaciones indebidas y con fines politiqueros, acuda a la justicia para menoscabar los intereses de los samarios”.
En un video institucional difundido, Johnson dijo que “…es inadmisible que frente a la difícil situación que afronta el ente territorial por causa de la pandemia, el Distrito enfrente ahora el embargo de sus cuentas, en las que están los recursos del Sistema General de Participaciones”, y que el embargo le impide a la Alcaldía disponer de los recursos de destinación específica, que se necesitan con urgencia para avanzar en la ejecución de todos los programas de salud pública y del plan de vacunación contra el Covid-19, lo que pone en riesgo a la población.
Para la mandataria, el proceso adelantado por la Supersalud, que además se da por concepto de facturas derivadas de la prestación de servicios de salud de urgencia a población vulnerable no asegurada, particularmente a los migrantes en condiciones de irregularidad, es fatal, más aún en tiempos de pandemia.
Saldar esa obligación requiere el aporte de la Nación, que aún no ha girado los recursos para subsidiar el pago a las entidades de salud que les prestan servicios asistenciales.
Por lo anterior, la funcionaria radicó una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación, por presuntas faltas disciplinarias dentro del proceso de cobro coactivo seguido por el Hospital, toda vez que al amparo de la Constitución y otras leyes, los recursos del Sistema General de Participaciones son inembargables.
De igual manera, la mandataria elevó una queja ante la Superintendencia Financiera por la aplicación arbitraria de medida cautelar de embargo por parte de las entidades bancarias que congelaron las cuentas del Distrito, y dirigió un oficio ante el Ministerio de Salud, a fin de pedir instrucciones para la cofinanciación de la deuda con el Gobierno Nacional por población migrante, sin que hasta la fecha se haya obtenido respuesta alguna.