En un intento decisivo por sortear un colapso en el suministro eléctrico nacional, el Ministerio de Hacienda radicará con trámite de urgencia absoluta un proyecto de ley destinado a conseguir $1,2 billones adicionales. La maniobra busca inyectar liquidez inmediata a las operadoras para amortiguar los embates del fenómeno de El Niño, permitiendo que las generadoras térmicas mantengan su operación continua a máxima capacidad mientras se normalizan los aportes hídricos en el país.
Durante una álgida jornada de control político en la Comisión Quinta del Senado, el titular de la cartera económica, Miguel Gómez, advirtió sobre la apremiante urgencia de estos recursos para evitar que la parálisis financiera del sector derive en un racionamiento generalizado. La estrategia, ejecutada en alianza con el Ministerio de Minas y Energía, contempla además esquemas de financiamiento a mediano plazo para asegurar los subsidios de las poblaciones más vulnerables, cuyos giros presentan desfases operacionales de hasta un trimestre.
En el frente de reformas de fondo, el Ejecutivo evalúa la implementación de esquemas tarifarios diferenciados para zonas de alto impacto como la región Caribe, junto a la destinación de regalías hacia la modernización de la infraestructura eléctrica. No obstante, las bancadas de oposición cuestionaron con severidad la capacidad de respuesta de la administración actual, señalando que la falta de previsión en la caja presupuestal pone en riesgo la estabilidad del sistema interconectado.
El debate escaló en intensidad cuando el ministro Gómez desvió la responsabilidad hacia las administraciones previas, argumentando que la coyuntura actual es el resultado directo de una prolongada parálisis institucional. En sus declaraciones, el funcionario arremetió de manera directa contra la gestión de los exministros Irene Vélez y Edwin Palma, a quienes acusó de omisión técnica y falta de ejecución ejecutiva en un momento donde las alertas de liquidez ya eran evidentes.
Con este proyecto normativo a punto de ingresar al Congreso, el Gobierno busca no solo apagar la crisis tarifaria y financiera inmediata, sino también someter a las empresas públicas de energía a controles más estrictos. El trámite legislativo se anticipa complejo y tenso, en medio del escepticismo de diversos sectores políticos que demandan garantías técnicas y partidas presupuestales claras antes de dar luz verde al multimillonario salvavidas.
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