La corte federal de Cincinnati, Estados Unidos, acusó a 53 profesionales de la salud por prescribir y distribuir ilegalmente medicamentos, en algunas ocasiones a cambio de sexo.
La operación se desarrolló contra los opioides de la región de los Apalaches (desde Pensilvania hasta el norte de Misisipi) desde el pasado diciembre en la investigación que destapó unas 350.000 recetas y 32 millones de píldoras ilícitas.
El fiscal de Cincinnati Benjamin Glassman (foto) describió la acción como el mayor golpe a prescriptores de drogas.
Robert Duncan, fiscal del este de Kentucky, calificó a los médicos involucrados como “traficantes de drogas de bata blanca”.
En 2017 hubo cerca de 70.000 muertes por sobredosis de medicamentos en EE UU, a una escandalosa tasa de 21,7 por cada 100.000 personas.
Casi una cuarta parte de los fallecimientos fueron causadas por opioides recetados. Virginia Occidental y Ohio encabezan los tres primeros puestos de la lista de los Estados con mayores tasas de mortalidad. La mayoría de los médicos acusados provenían de estos territorios, sumados a Alabama, Kentucky y Tennessee.
Una acusación señala que Jeff Young operaba una clínica en Jackson, Tennessee, donde recetó medicamentos que eran altamente adictivos y con alto riesgo de abuso a cambio de sexo y dinero para recetas.
Otro médico del mismo Estado es acusado por efectuar la misma práctica a cambio de sexo. Los fiscales no dieron a conocer los nombres de los 60 involucrados en el caso, entre los que figuran 31 médicos, siete farmacéuticos y ocho enfermeras.
Las autoridades que destaparon la red de mentiras informaron que un médico de Alabama reclutó prostitutas y otras mujeres con las que tuvo relaciones sexuales en su clínica y les permitió abusar de los medicamentos en su casa.
En Kentucky, un doctor es acusado de escribir recetas a sus amigos de Facebook, quienes iban a su casa a recogerlas y otro por dejar prescripciones firmadas en blanco para que el personal las rellenara y se las entregara a los pacientes.
Los cargos contra las docenas de involucrados incluyen la distribución ilegal de sustancias y la conspiración para obtener sustancias mediante fraude. Los fiscales adelantaron que las acusaciones podrían derivar en sentencias de hasta 50 años de prisión.
Tomado de elpais.com
Autora: Antonia Laborde
Foto: theenquirer.com