Ante los últimos operativos realizados por las autoridades en Barranquilla, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, entregó detalles sobre la captura de nueve exdirectivos y exfuncionarios de la Universidad Autónoma del Caribe de Barranquilla.
El alto funcionario aseguró a los medios de comunicación que en total eran 10 órdenes de captura, pero la única que no se hizo efectiva fue la del entonces rector Ramsés Vargas Lamadrid, posiblemente por una fuga de información, la cual habría alertado a Vargas Lamadrid. “La investigación que nos ha sido referida por el Fiscal encargado da cuenta que en noviembre del año 2017 el entonces rector y representante legal de la Universidad, Ramsés Vargas, reformó los estatutos para poner en marcha una medida administrativa con la cual se autorizaba el recaudo de las matrículas en dinero en efectivo”, afirmó el Fiscal Martínez Neira.
Según el ente acusador, entre las personas que estarían involucrados en el desfalco a la UAC, están los órganos directivos, la Sala General, el Consejo Directivo, Secretaría de Crédito y Cartera, la Vicerrectoría Financiera, Contabilidad y Tesorería. Al parecer, para completar el procedimiento judicial con la captura de la cabeza principal de la universidad, el ex rector, Ramses Vargas, le fue suministrada la información y se dio a la fuga. Presuntamente la información según las primeras pesquisas, se filtró desde el Centro Administrativo de Barranquilla, desde donde se hicieron las órdenes de captura correspondientes.
Nosotros confiamos en que haga presencia prontamente ante la justicia el ex rector y por supuesto hemos iniciado de manera inmediata una investigación penal porque no puede ser posible que al interior del servicio judicial, se difunda información reservada que constituye una manera de obstrucción y daño al buen funcionamiento de la justicia. Se habrían filtrado las órdenes de captura con relación al caso de la Universidad Autónoma del Caribe”, dijo Martínez.
Los investigadores evidenciaron que, en noviembre de 2017, el entonces rector y representante legal de la Universidad, Ramsés Vargas Lamadrid, reformó el estatuto 131-031 del 5 de diciembre de 2003 para implementar una medida administrativa, la cual le permitía recaudar a la universidad en efectivo los dineros de las matrículas. La Fiscalía General de la Nación apuntó que el desfalco que sufrió la Universidad Autónoma del Caribe asciende a cerca de 16 mil millones de pesos.
A los detenidos, el Fiscal Especializado de las Unidad Anticorrupción Seccional Atlántico les imputarán los delitos de enriquecimiento ilícito, corrupción privada, administración desleal, falsedad en documentos, concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito y estafa.
Texto: Aldair Molina Mendoza. Foto: Fiscalía.
