Dos hechos muy graves para los dirigentes de las juntas de acción comunal, los dirigentes sociales y defensores de derechos humanos sobre los cuales requerimos de su pronunciamiento y acciones disciplinarias pertinentes sucedieron el jueves 13 de septiembre así:
1. En el Municipio de Acacias-Meta apareció un afiche impreso en membretes de la Policía Nacional, bajo el título ‘Plan de Choque 100 días, EL QUE LA HACE LA PAGA”’ en el que se indica como perfil criminal, contra dirigentes comunales por lo que están siendo procesados por la Fiscalía General de la Nación en que se dice lo siguiente:
Sandra Patricia Ruiz Riaño: “inicia su actuar delictivo como presidenta de la junta de acción comunal de la vereda del Centro del municipio de Acacias y de la corporación del área de influencia directa del municipio de Acacias (CJAID,…….”.
“Persona que lidera manifestaciones, bloqueos en contra de la estatal petrolera ECOPETROL y sus diferentes empresas prestadoras de servicios en las diferentes locaciones, plantas y gerencia de Ecopetrol S.A, en el departamento del Meta, generando mitin con los empleados para detener el desarrollo de la operación y de esta manera afectar la economía del País…..”
Otros nombres son:
Flaminio Mendoza Bojacá, lider comunal según el afiche.
Gustavo Correa Neira, lider comunal, según el afiche.
José Fernando Barbosa, Lider comunal, según el afiche.
Denis Sánchez Sánchez, lider comunal,m según el afiche.
Nidya Yaneth Muñoz, Lider comunal, según el afiche
Yéssica Liliana Hernandez Quevedo, Lider comunal, según el afiche.
Dentro de los procesados por defender el ambiente, oponerse al freaking, exigir responsabilidad ambiental a las petroleras también están Edgar Cruz, presidente de Corpohumadea y Consejero Departamental de Planeación por el sector ambientalista.
Sabemos muy bien que la judicialización en el departamento del Meta contra dirigentes comunales y ambientalistas hace parte de la “Estrategia Territorial por el Desarrollo de los Hidrocarburos”, encabezada por la estatal ECOPETROL y uno de cuyos objetivos es ahogar la protesta social por lo que el listado de dirigentes judicializados en la región supera a los veinte.. Esta estrategia desde el Gobierno anterior ha sido acompañada por el Ministerio del Interior, quisiéramos conocer la percepción del Nuevo Gobierno, a la vez que saber cual ha sido el papel del PNUD en el diseño e implementación de esta estrategia.
Cuando creíamos que ante la gravedad de los asesinatos de dirigentes comunales y sociales en Colombia, la reclamación de las organizaciones y de la comunidad internacional, el Estado estaba superando la etapa de la estigmatización y del señalamiento del ejercicio de derechos, de la protesta o de la defensa del ambiente como hechos delincuenciales, se revive esta recurrente práctica agravada por las declaraciones del señor Ministro de Defensa Guillermo Botero en el marco del Congreso de Confecámaras en Cartagena , cuando dice que “detrás de la protesta social están grupos ilegales”
En momentos cuando desde las organizaciones comunales y sociales del País tratamos de construir canales de comunicación con el nuevo gobierno para abordar el grave problema de asesinatos contra dirigentes comunales y sociales que debe comproter al conjunto del Estado y de la sociedad democrática y pluralista, el panorama se oscurece lo que solamente temor, preocupación y desconcierto genera en quienes tenemos la palabra, la Constitución y las normas nacionales e internacionales como únicos recursos de lucha.
Siempre hemos dicho que en los asesinatos contra dirigentes comunales y sociales la estigmatiuzación sistemática desde diferentes instancias de poder, entre ellas del Estado es el factor de mayor peso, pues con este tipo de declaraciones y actuaciones, muchos poderes ejemónicos locales y bandas sicariales se amparan para atacar todo ejercicio de derechos, de reclamación o protesta supuestamente que son los únicos recursos desde la base ciudadana ante las injusticias, la corrupción y la vulneración de derechos.
Por eso requerimos de los organismos del Gobierno Nacional, de los organismos de control e instancias de derechos humanos del Estado:
Su pronunciamiento público frente a los hechos.
Su reivindicación del derecho ciudadano y de nuestras organizaciones y dignatarios al ejercicio de derechos y a la protesta.
Su seguimiento y acompañamiento a los dirigentes comunales y sociales judiciales en el departamento del Meta por defender el ambiente, oponerse al freakin y en general ejercer derechos para que se les garanticen plenamente sus derechos y su vida.
Desarrollar acciones disciplinarias a las instituciones que estigmatización a nuestras organizaciones y dignatarios, entre ellas por las declaraciones de Octubre pasado del señor Rodrigo Lara.
Campañas regulares apoyadas desde el Gobierno valorando y dignificando la calidad de dirigente comunal, dirigente social y de defensor de derechos.