La nueva asociación público privada del río Magdalena, para unos 900 kilómetros, desde Barranquilla hasta Puerto Salgar, será una realidad aunque no para 2018 sino hasta 2019 una vez se haga una nueva estructuración en lo técnico y socio-económico, sobre todo cuando están garantizados los recursos a través de un Conpes y Confis.
El anuncio lo hizo la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, en una rueda de prensa luego de reunirse con la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) y Asoportuaria y empresarios que tienen concesiones en el río Magdalena.
Por la principal arteria fluvial del país se transportan más de 3 millones de toneladas cada año, entre hidrocarburos y carga seca, pero hoy el transporte está paralizado debido a bajas profundidades, sobre todo desde Barranca hacia la Costa Caribe.
La meta de la Ministra es que el proyecto de navegabilidad cumpla con todas las especificaciones técnicas, financieras y jurídicas para su plena ejecución, razón por la cual se mejorarán las actuales condiciones de la APP del Río con el apoyo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
Al hacerse una revisión, el Ministerio encontró que el contexto del problema socio-ambiental radica en que para la estructuración del proyecto se optó por una guía de manejo ambiental, evitando la solicitud de licencia ambiental de conformidad con el marco legal, lo cual conlleva a tener, entre otros inconvenientes, un análisis muy general, sin profundidad ni los suficientes detalles conforme a la importancia ambiental de la zona y a la magnitud del proyecto.
De acuerdo con la barranquillera, “no podemos asumir un proyecto de $2,3 billones, sin cumplimiento de condiciones técnicas, financieras y jurídicas. Es necesario verificar el cronograma de obras y se requiere hacer una actualización de los diseños ya que es uno de los principales riesgos del proyecto, dado que se están aplicando los mismos que fueron realizados para la primera concesión”.
En la revisión se destaca que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) dio aprobación al proyecto haciendo dos observaciones: dio aceptación sin tener acceso y seguridad a las coordenadas del proyecto, sumado a que los objetivos del proyecto incluyen el componente de mantenimiento, y no incluye la intervención y construcción de esta importante obra para el país.
Otro de los aspectos relevantes en la revisión de la APP es que no existe una identificación total de las comunidades étnicas, raizales, afrodescendientes e indígenas asentadas a lo largo del trayecto, ni el panorama de sus condiciones socioeconómicas, lo cual coloca en riesgo la protección de los derechos de estas etnias, que pudieran resultar afectadas.
El proyecto de APP para la recuperación de la navegabilidad apunta a reactivar la navegación del principal afluente del país a lo largo de 908 kilómetros desde su desembocadura en Bocas de Ceniza, Barranquilla, hasta Puerto Salgar en Cundinamarca.
Esto permitirá la movilización de convoyes fluviales con hasta 7.200 toneladas de carga las 24 horas del día. El proyecto impactaría directamente a 57 municipios en 13 departamentos, conectando toda la nación.
Para lograr este propósito se realizarán obras de dragado y mantenimiento del canal navegable entre Barrancabermeja y Barranquilla (652 km).
En el otro trayecto, aguas arriba, desde Barrancabermeja hasta Puerto Salgar, se ejecutarán obras de encauzamiento con el fin de garantizar una profundidad de 7 pies, para garantizar anualmente un movimiento superior a las 3 millones de toneladas.
Finalmente, la Ministra aseguró que frente a la estructuración financiera en los proyectos 4G, en promedio, el capital de inversión en un 90% proviene del concesionario y 10% requiere deuda, pero en el caso de la APP del Río sólo es del 16% y el resto corresponde a deuda.
“Significa una exigencia al concesionario totalmente desbalanceada si se compara con otros proyectos 4G. Estamos siendo responsables y protegiendo los recursos públicos. No podemos repetir el caso Navelena”, puntualizó la Ministra.
Texto y foto: Jorge Montaño