Como dos ciudadanos pidieron la inexequibilidad de la Ley de Financiamiento, la Corte Constitucional le pidió a la Contraloría, al Ministerio de Hacienda y a varias universidades un concepto técnico acerca del impacto económico que tendría la exequibilidad o la inexequibilidad integral o parcial de la ley.
La radio La W tuvo la primicia de que el auto, con ponencia del magistrado Alejandro Linares, solicita a las entidades los siguientes aspectos: Las estimaciones de recaudos de los años fiscales 2019 – 2022 y la estimación de recaudos esperados de los ingresos tributarios en los principales impuestos.
Además de lo anterior, las consecuencias económicas sobre la sostenibilidad fiscal, el marco fiscal de mediano plazo, la estabilidad macro económica del país y la política económica general.
A partir del 7 de octubre, por Secretaría General de la Corte, se trasladan las pruebas allegadas hasta el viernes 4 de octubre a las 5:00 de la tarde a la Procuraduría, al Ministerio de Hacienda y al Departamento Administrativo de la Presidencia, para que en un término de tres días hábiles se pronuncien sobre su contenido, si lo estiman conveniente.
Tomado de Luz Elena Fonseca – wradio.com.co.
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